Joaquín Cuadra Lacayo
Al iniciar el siglo veintiuno, Nicaragua enfrenta desafíos que para muchas otras naciones del mundo, incluyendo de América Latina, son cosa del pasado. La condición de pobreza en que están sumidos la mayoría de los nicaragüenses, la fragilidad y partidización de las instituciones del Estado monopolizadas por las cúpulas del PLC y del FSLN, y el rol de los caudillos políticos, son condiciones que amenazan permanentemente nuestra precaria estabilidad y atenazan las posibilidades del pospuesto despegue nacional.
No hay duda que hemos avanzado en dotar al país de las libertades básicas, pero el avance logrado se enfrenta perennemente a las intenciones de los caudillos de turno de no abandonar el poder, o de intentar regresar al mismo apenas lo han dejado, sin importar para ello desandar el camino. Y esa es la mayor amenaza a la modernización del sistema político nicaragüense, y, en consecuencia, a las posibilidades de consolidar de forma definitiva la institucionalidad.
Las repetidas y frustradas candidaturas presidenciales de Daniel Ortega, aun en contra de la voluntad de importantes sectores de su propio partido, son un claro ejemplo de este dañino empecinamiento de los políticos tradicionales.
Las circunstancias actuales también son sumamente reveladoras al respecto. El doctor Arnoldo Alemán recién apenas ha desocupado la silla de titular del Ejecutivo, y ya se ha atrincherado en la Presidencia de la Asamblea Nacional, posición desde la cual pretende retornar a un nuevo período presidencial en noviembre de dos mil seis. No importa que su gestión haya sido la más nefasta y corrupta en la historia nacional. No importa que las distintas expresiones de la sociedad nicaragüense hayan mostrado su rechazo a tal posibilidad, ni que los poderes fácticos sean explícitos en su demanda para que abandone tan peregrina idea. No importa, a troche y moche “es la decisión del hombre”.
Los distintos sectores de la sociedad nicaragüense debemos estar alerta para evitar que las pretensiones de Alemán se concreten, y, si ello ocurre, revertirlas en su momento por la vía que las circunstancias impongan. Pero más importante que eso es la necesidad de crear un consenso nacional para demandar una condición indispensable para el avance de la democracia en Nicaragua: el principio absoluto de la no reelección presidencial.
Las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cinco establecieron el principio de la no reelección continua. Y si bien tal disposición significó un avance importante, es evidente que no es ya suficiente.
Establecer el principio de la no reelección presidencial supone, además, una prueba para la declarada naturaleza democrática de los actuales legisladores, pero sobre todo plantea un punto que necesariamente debe figurar en la agenda de demandas de las distintas expresiones de la sociedad nicaragüense.
De esta manera, los nicaragüenses estableceríamos la piedra angular de lo que debe ser la nueva institucionalidad, de un sistema en que las leyes —y no los hombres— sean las que gobiernen, y en la que los ciudadanos, por lo demás protagonistas de la gestión pública, acudamos con confianza a las diferentes instancias del Estado, en las que se nos tratará como tales, con independencia de nuestras posiciones políticas o militancias partidarias.
El autor es Presidente del Partido Unidad Nacional.
