A veces se cae en el error de querer valorar el trabajo de la Asamblea Nacional con base en el número de leyes aprobadas en un período legislativo. Ese criterio es inadecuado para juzgar el trabajo parlamentario, porque es posible —teóricamente, al menos— que todas las leyes aprobadas sean malas y que una vez aplicadas causen, en balance, más mal que bien.
Eso sucede, sobre todo, con aquellas leyes que por su corte populista lucen atractivas en la superficie, sobre todo para el sector social al que supuestamente intentan beneficiar, pero que si son analizadas a fondo se puede determinar con precisión que son inconvenientes, e incluso perjudiciales para los pretendidos beneficiarios. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa que de ser aprobada llevaría el nombre de “ley del bono escolar”, la cual comentamos en nuestro Editorial del viernes de la semana pasada (15 de enero). La bancada liberal, que es la impulsora de esa iniciativa d ley, pretende presentarse ante la opinión pública como abanderada de las “causas sociales” y competir en ese campo con el FSLN, sin tomar en cuenta que el daño que podría ocasionar sería mayor que los supuestos beneficios sociales que quiere alcanzar. Como ya hemos dicho, de aprobarse esa iniciativa, tal como ha sido anunciada por voceros del PLC, sería una muy mala ley.
Sin embargo, por otro lado, hay una iniciativa de esa misma bancada liberal que podría llegar a ser una buena ley. Nos referimos a la iniciativa que tiene que ver con una nueva forma de asignar el 6 por ciento del Presupuesto General de la República que el Estado aporta anaualmente, por ley, a la educación superior o universitaria. En la actualidad, es el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el que, a su vez, se encarga de distribuir ese 6 por ciento entre las universidades estatales y algunas privadas, como la UCA.
Al parecer, esa iniciativa tiene el propósito de hacer que el 6 por ciento se asigne directamente —por medio de becas— a los estudiantes de mayor rendimiento académico y de menos recursos económicos, permitiendo, asimismo, a los beneficiados con las becas , escoger la universidad o el centro de enseñanza superior que mejor les parezca.
La idea, supuestamente, es que el 6 por ciento sea usado con más eficiencia, ya que en la actualidad gran parte de ese porcentaje es consumido en gastos burocráticos que no benefician a los estudiantes. Hay que recordar que la asignación del 6 por ciento a las universidades es producto de una de las tantas leyes que el sandinismo aprobó de forma apresurada en el período de transición, después que perdió el poder el 25 de febrero de 1990. De esa manera, el FSLN —que mientras fue gobierno no reconocía la autonomía universitaria y asignaba los recursos que quería a las universidades— se aseguraba el financiamiento estatal para gran parte de su aparato político, que al salir del gobierno corrió a refugiarse en las universidades estatales. No es para extrañarse, entonces, que algunos miembros del CNU, junto con voceros del sandinismo, se opongan a una nueva forma de distribución del 6 por ciento.
Pero no basta con que una forma más efectiva y eficiente de asignar el 6 por ciento sea una buena idea. No olvidemos que una buena idea mal estructurada, en la práctica puede eliminar sus potenciales efectos benéficos. Tal cosa sucedería, por ejemplo, si para ejecutarla se creara una nueva burocracia más cara que la anterior, o que la asignación de becas se haga con criterios partidarios. En esos casos se estaría solamente sustituyendo viejos vicios con nuevos vicios y no valdría la pena cambiar nada.
Pero si las cosas se hacen bien, es posible evitar lo indeseable y hacer que el 6 por ciento “rinda más”. Sería conveniente que la bancada liberal haga públicos, cuanto antes, los detalles de la iniciativa para que se comience y desarrolle un debate a fondo sobre este tema, y poder determinar con mayor precisión si es conveniente o no aprobar dicha iniciativa. Es necesario saber desde ya cuánto costaría implementarla, y cómo se asignarían las becas. Los impuestos de los contribuyentes, que son los que financian el 6 por ciento, no deben ser despilfarrados, y si existe una forma más eficiente de asignarlos, debe ser estudiada pronto y sobre la mesa.
