Michael J. Bolaños [email protected]
Charlando recientemente con un buen amigo, me comentaba la necesidad de que el nuevo gobierno contara con expertos para analizar las estructuras de costos de las empresas privatizadas, con el fin de establecer el aumento tarifario que realmente corresponde autorizarles.
Mi respuesta fue inmediata y creo que le dejé un poco perplejo por el contenido de la misma. Le respondí que mi criterio era que el nuevo gobierno debería tomar un enfoque más político que económico, como base para establecer lo que se espera de las empresas privatizadas. Proceder a revisar la estructura de costos es caer en el juego económico que dichas empresas desean jugar, siendo ellas más preparadas que cualquier equipo de expertos sobre sus propios registros contables.
El nuevo gobierno debe fundamentarse en el propósito argumentado para justificar las privatizaciones, tanto por los organismos donantes como por los rectores de la economía nacional (Fondo Monetario, BIRF, BID, Banco Central, Ministerios, etc.) como por las figuras políticas que autorizaron dichas privatizaciones. Siempre se nos ha dicho que el gobierno es mal administrador y que en manos privadas se obtendrían beneficios para los consumidores por los mejores niveles de eficiencia que tienen estas empresas. En Nicaragua parece que nuestro entendimiento falla y lo que vemos es que las privatizaciones son una alternativa para aumentar las tarifas y justificar las ineficiencias monopólicas de estas “operadoras internacionales”. Las autoridades que acordaron los contratos de privatizaciones deben ser responsables por dejar de un lado el principal requerimiento que era y es la reducción tarifaria por mejores niveles de eficiencia, para “todos” los consumidores, incluyendo al resto del sector productivo que no puede lograr niveles de competitividad por tener que pagar esas injustificables tarifas.
En otros países la telefonía celular es operada por varias empresas dentro de un mismo territorio, compitiendo con menores costos y mejor cobertura que su competencia, beneficiando con ello al consumidor final. Hay otros países donde las empresas de transmisión y distribución de energía eléctrica tienen que comprar la energía que cualquier ciudadano le pueda inducir al sistema, con lo que se promueve que se exploten fuentes solares y eólicas que en Nicaragua nos sobran.
Creo que tanto el sector privado de Nicaragua, como todos los consumidores residenciales, debemos expresar nuestra inconformidad de someternos a arbitrariedades, que aunque puedan estar contenidas en un contrato entre figuras de gobiernos pasados y las nuevas empresas privatizadas, no muestren ser necesarias considerando los niveles de eficiencia que tienen empresas similares en los países desarrollados. No podemos aceptar tarifas que nos alejen de los niveles de competitividad necesarios para llegar a optar a dejar atrás nuestra dependencia a la limosna internacional.
El autor es administrador de empresa.
