Alfonso Efraim Castellón Ayó[email protected]
En mi carácter de secretario general de la Asociación de Confiscados Nicaragüenses y Asesor de la Federación de Confiscados de Nicaragua creo necesario hacer ciertas aclaraciones sobre la situación actual de la propiedad. El Estado de Nicaragua de la época de los 80 fue confiscador y en forma indiscriminada arrasó con los bienes de nicaragüenses sin distingo de colores. Comenzó con los Somoza, sus parientes y los somocistas; siguió con los ausentes, con los que le caían mal y finalmente con el que les daba su regalada gana. Esto produjo confiscaciones cuyo número todavía no se logra establecer a ciencia cierta, porque hasta campesinos se fueron en la redada, pequeños propietarios de parcelas, ranchitos, hasta llegar a bienes mobiliarios, obras de artes, vehículos, etc. etc.
El Estado confiscador duró hasta abril de 1990, cuando cambió la filosofía estatal referente a la propiedad. El Estado comenzó a ejercer principios democráticos y ofreció la oportunidad de recuperar los bienes injustamente confiscados.
Comenzó el nuevo Estado con derogaciones de decretos confiscatorios; se devolvieron muchas propiedades que ni siquiera estaban amparadas en decretos confiscatorios, se dieron medidas con miras a resolver el problema. Pero de repente, el Estado comenzó a resolver selectivamente el problema de la propiedad, a hacer del pago de las indemnizaciones todo un misterio.
Ahora nos encontramos con un tercer período del Estado democrático, pero esta vez con un hombre que aunque fue llevado al poder por el Partido Liberal Constitucionalista, antepone los intereses de la nación a los del partido. El Estado democrático, con el presidente y la política estatal a seguir deberá dar solución al problema de la propiedad.
Después de escuchar las declaraciones del Lic. Eduardo Montealegre, ministro de Hacienda, y las del doctor Norman Caldera, canciller de la República, a favor de que el Estado devuelva las propiedades que están en su poder, en lugar de indemnizar a los legítimos propietarios, tengo la impresión de que han comenzado con buen pie.
En artículo anterior me referí al problema de los piñateros o victimarios de los confiscados y su situación jurídica, y de lo que pienso que es conveniente hacer para solucionar el problema de la propiedad.
Coincido con la opinión del Lic. Eduardo Montealegre, que me imagino es la misma del Ing. Enrique Bolaños, porque realmente el Estado no debe seguir emitiendo bonos para pagar a personas que no los desean, sino que quieren sus propiedades (en la forma y en el estado que estén).
Recuerdo el último Diálogo Nacional, cuando la Asociación de Confiscados logró que el gobierno finalmente nos invitara. En aquella oportunidad la Asociación pidió la presencia de los principales líderes sandinistas para conversar con ellos abiertamente y buscar solución consensuada (como dirían los señores sandinistas) al problema de la propiedad. Sin embargo los sandinistas brillaron por su ausencia, lo que fue un garrafal error porque en ese momento la sociedad civil, los grupos diferentes que componen nuestra sociedad, le daban una gran oportunidad al FSLN para lavar los trapos sucios a puertas cerradas, como realmente hubiera sido el Diálogo Nacional con la presencia de los sandinistas. No obstante cuatro años después del famoso pacto, nos encontramos con mayores dificultades en la solución del problema de la propiedad.
El autor es abogado y notario.
