Sergio J. [email protected]
La criminalidad erosiona el tejido de la comunidad y la solidaridad de la población, provoca alarma social y un sentimiento de inseguridad. Esta inseguridad afecta la calidad de vida y rompe con la cohesión de la población, las personas se vuelven menos solidarias y más desconfiadas, generando reacciones violentas y desmedidas ante situaciones delictivas y en muchos casos estigmatizando gravemente a determinados grupos sociales, asociando a los adolescentes de “pandilleros”, a los pobres e indigentes en delincuentes. En Guatemala, por ejemplo, se estima que se producen cien linchamientos por año.
Prevenir y controlar cuesta dinero, se gastan sumas importantes en gastos públicos financiados con impuestos, como revela una importante investigación del PNUD. En El Salvador estima la investigación que los costos de la violencia han llegado a alcanzar hasta un poco más de un 13% del PIB. En Costa Rica las muertes violentas han disminuido en casi una tercera parte la expectativa de vida de la población de 20 años. Un impacto grave se puede advertir en el comercio y el turismo al decrecer, por ejemplo, en ciertas zonas o países la afluencia de compradores o turistas por la presencia de altos niveles de actividad delictiva. El Salvador entre 1994 a 1996, tuvo tasas de homicidios más altas que el promedio anual de muertes violentas del tiempo de la guerra, alrededor de 6,250 muertes anuales. Guatemala registró en 1997 un total de 1,739 delitos de secuestro, que supone 17 delitos por cada 100,000 personas.
La criminalidad deteriora la legitimidad de las instituciones públicas. La opinión de los centroamericanos sobre instituciones como la Policía y la administración de justicia no es positiva, prevalece la desconfianza, el porcentaje oscila sobre una u otra institución entre el 30% y el 60%. Esto agrava aún más las tendencias que se han apuntado entre la población del área hacia el uso de la fuerza (linchamientos) y la violencia (homicidios) para la resolución de problemas de naturaleza criminal, como apunta la investigación del PNUD.
La reforma normativa de la justicia penal ha sido promovida en la región (incluyendo a Nicaragua) como una modalidad de lucha contra el problema de la criminalidad. Nuevos códigos penales y de procedimientos penales, hasta leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de los Poderes Judiciales, de la defensa pública y de los Ministerios Públicos.
Sin embargo, la criminalidad aumenta y los problemas persisten. Los países pensaron (más bien las instituciones que financian estas transformaciones) que basta pasar, por ejemplo, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio para resolver el problema. La investigación del PNUD señala con preocupación que a pesar de estas reformas (“sustitución o imposición de modelos”), persiste la lentitud en los procesos judiciales que genera una acumulación exponencial de casos induciendo a la prescripción de muchos de ellos y la población tiene dificultad para acceder a la justicia. Por último, destaca la ausencia de una política criminal en todos los países de la región (Centroamérica presenta las tasas más altas de homicidio del continente, concentrando en la región el 48%) y un importante incremento de normas en cantidad, pero no así en calidad; se reconoce que en los seis países se producen leyes y decretos sin tener claridad suficiente sobre la capacidad de las instituciones para implementar tales mandatos. El área adolece pues de una propuesta integral, sin respuesta de prevención social y comunitaria para la lucha contra la criminalidad.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
