José Antonio Poveda Salvatierra*
El desarrollo es un proceso de largo alcance. Para hacerlo realidad es preciso formular y aplicar las políticas y los planes fundamentales que se requieran. En particular se necesita disponer de estrategias de largo plazo, para consolidar el crecimiento económico y al mismo tiempo satisfacer necesidades sociales básicas. De forma similar, las políticas de ajuste, deben ser compatibles con las metas del desarrollo; y no pueden sustituir a las políticas de largo plazo, ya sea porque se ignore el proceso de planeación o porque no se valore cabalmente el efecto del ajuste en todos los sectores sociales. Se ha dado excesiva importancia a las medidas contra la crisis y con ello se han afectado las perspectivas actuales y futuras de la región. Se han promovido políticas duras de ajuste según las condiciones del FMI y el Banco Mundial, además de las impuestas por la condicionalidad cruzada de los intermediarios financieros privados. La aplicación continua de tales medidas ha implicado costos sociales y políticos altos.
Los efectos combinados de la disminución de los ingresos y las inversiones, los altos índices de inflación y el mayor desempleo han llevado a reducciones significativas del bienestar, a un mayor deterioro en la distribución del ingreso y a disminuciones severas en la cantidad y calidad de la inversión pública y en la privada, infraestructura y desarrollo tecnológico, lo mismo que en servicios públicos, particularmente en salud y educación, y en la formación de capital humano.
En la mayoría de los países latinoamericanos se promueven “cambios estructurales “de largo alcance”. Las metas son estructurar el sector industrial y modernizar toda la economía, el libre comercio y la apertura a las inversiones extranjeras directas son políticas complementarias. Así, se ha adoptado un nuevo modelo de desarrollo, caracterizado por la industrialización orientada hacia el exterior, en lugar de las antiguas pautas de sustitución de importaciones. El alcance y las posibilidades del nuevo patrón son limitados, sin embargo, puesto que las metas cuantitativas y cualitativas dependen en gran medida de los recursos disponibles después de servir la deuda. No se han valorado de manera adecuada las necesidades internas ni las capacidades reales para seguir adelante y hacer de nuestro país más efectivos y prácticos en sus relaciones económicas, diversificando nuestra producción, y atendiendo todos los problemas productivos del campo.
Considerando los cambios que ocurren en la economía internacional con resultado de la globalización y la interdependencia. Se vuelve imperiosa la necesidad de que Nicaragua modernice su economía y se vuelva más competitiva y eficiente, en beneficio de toda la población. Todas las energías deben encauzarse en este sentido. De otro modo, funcionaremos en el siglo XXI con problemas más graves de desarrollo, y con una mayor desventaja frente a las naciones que modernicen su economía. No obstante, estos esfuerzos no deben contradecir las aspiraciones anteriores de desarrollo, como ahora sucede debido a la subordinación de los planes a las restricciones de la deuda. De la misma forma, estos esfuerzos deben recibir el apoyo de los países que puedan brindarnos alternativas y apoyo en la diversificación económica, puesto que su éxito beneficiaría a todos los nicaragüenses.
La solución del problema de la deuda no implica sólo reducir el servicio. La disminución de los pagos, gracias a convenios negociables, aliviaría las presiones económicas. El problema, sin embargo, debe resolverse en sus raíces para que no aparezca de nuevo. En lo que respecta a este problema, es preciso determinar las causas internas e internacionales de la crisis actuales, a fin de obtener enseñanza para el futuro económico, social y político.
Entre las causas internacionales de la crisis de la deuda deben subrayarse el desorden financiero internacional, la inestabilidad del comercio mundial, la transferencia desventajosa de tecnología y las políticas asimétricas de pagos y de ajuste. Todos estos problemas llaman a realizar negociaciones globales para impedir una agudización de la crisis, y establecer bases sólidas para el desarrollo económico nacional.
Sobre el papel regulador del Estado en la economía, bastaría decir que una de sus funciones explícitas, la desregulación, ha significado una contradicción todavía no explicada ni justificada por los gobernantes, y que dicha desregulación no ha coincidido con los valores democráticos, ni con los de justicia social y sí, en cambio, con el enriquecimiento desmesurado e insultante de unos cuantos privilegiados.
Visto el problema con flexibilidad conceptual, lo que se ofreció como reforma al pueblo de Nicaragua, no se ha cumplido, como tampoco sus objetivos, salvo el de incorporar al país, de manera subordinada y dependiente, a la economía mundial constituida y más específicamente a la “globalización económica”, con los límites que esta significa para regiones que son prescindibles para los intereses de las corporaciones empresariales en el modelo de “globalización”.
De aquí que dos de los objetivos de la reforma del Estado, la recuperación económica y el mejoramiento del nivel de vida de los nicaragüenses no se hayan cumplido y cada año se pospongan sus resultados positivos, con nuevas promesas de recuperación que luego rectifican los distintos ministerios de Estado.
Un ejercicio interesante sería resumir los cambios, que debe realizar el Estado, para promover los objetivos nacionales de inicio al siglo XXI.
1. El Estado debe abrirse al pluralismo.
2. Fortalecer el ejercicio de las libertades y de la tolerancia política.
3. Eliminar los excesos de la burocracia y regulación.
4. Defensa de los derechos humanos.
5. Fortalecer las relaciones entre los poderes, el municipio y el gobierno.
6. Concertar con las fuerzas productivas para alcanzar metas económicas y sociales.
EN LO ECONÓMICO:
1. Estabilizar la economía y mantener el crecimiento.
2. Eliminar el carácter propietario del Estado y convertirlo en Estado regulador, promotor y corresponsable en el desarrollo y en la promoción de la justicia.
3. Ajuste en sus estructuras y gastos del Estado.
4. Privatización de acuerdo a la ley.
5. Desregulación.
6. Promoción de la inversión nacional y extranjera.
7. Concertación de políticas de promoción y atracción de inversiones productivas y apertura de mercados en el exterior.
* El autor es Vicedecano Facultad de Derecho.
UNAN-León.
