María Antonia López M. [email protected]
Las futuras inversiones que se puedan desarrollar en Nicaragua, no sólo dependen de la seguridad jurídica que ofrezca el país, sino de las ventajas fiscales que los otros dan para su desarrollo, indicó el analista tributario René Vallecillo.
El especialista aseguró que para atraer aún más las inversiones deben establecerse ciertas condiciones, lo que incluye garantizar las posibilidades para que la tasa de retorno (recuperación de la inversión) sea mayor o en el menor tiempo posible, y eso en Nicaragua es un proceso muy lento.
Esta situación está ligada, a la aplicación de las tasas impositivas que se aplican en el país a los sectores productivos en su mayoría, y que, de alguna manera, están ligados a las excesivas tarifas de agua, energía y precios de los combustibles.
“En la medida en que sea más caro producir, la tasa de retorno también tiende a ser más lenta”, afirmó Vallecillo.
Por otro lado, dijo que también hay que tomar en cuenta cuáles son las ventajas que el país ofrece con respecto a otros.
“No se puede diseñar de acuerdo a parámetros como países desarrollados, no nos luce una carga del 32 por ciento más del doble de la carga promedio de Centroamérica contra el 10 por ciento de Guatemala, el 12 por ciento de El Salvador, el 13 por ciento de Costa Rica…, hay que desregular la economía. Hay que lograr un punto de equilibrio”, apuntó.
Es conocido que la carga impositiva en el país es una de las más altas de la región, y ello representa una desventaja en materia de inversiones.
Julio Francisco Báez, especialista en asuntos tributarios, manifestó que un primer aspecto a tomar en cuenta por el nuevo gobierno es garantizar la estabilidad y credibilidad del sistema fiscal del país a los inversionistas.
Un segundo asunto a considerar son los incentivos fiscales y una serie de reformas que no solamente se pueden dar en Nicaragua, sino en el resto de la región, cuyas prácticas se harán con base en el establecimiento del nuevo gobierno que ayer tomó posesión.
En el país, indicó Báez, hay algunos incentivos fiscales como el sector turismo, pero no hay una política fiscal adecuada que los beneficie a todos, ya que la aplicación parcializada de los mismos puede llevar a la discrecionalidad.
Agregó que el gobierno debe declarar un estado de austeridad nacional a partir de las cifras aprobadas en el Presupuesto General de la República, cuyo monto total de gastos asciende a 15,738.6 millones de córdobas, incluyendo las obligaciones por deuda externa, “porque el país no recauda lo suficiente para sufragar el excesivo gasto gubernamental”.
