- 32 organizaciones civiles proponen crear una fiscalía para garantizar gratuidad en la enseñanza pública
Amalia Morales [email protected]
Por estudiar en colegios públicos cada alumno paga —porque se les cobran aranceles— un promedio de 300 córdobas anuales, lo que algunos prevén revertir este año.
Eso comprobó el estudio Pupitre Vacío de la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia, que se hizo el año pasado.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), han negado los cobros y sólo reconocen los “aportes voluntarios” que hacen los padres de familia a la enseñanza de sus hijos.
En acuerdo con la instancia fiscalizadora de la niñez, y divergentes con la postura del MECD, 32 organizaciones civiles promoverán en este ciclo escolar la campaña “más niños y niñas a estudiar en el 2002, más presupuesto para la educación”.
Miguel De Castilla, secretario general del Foro de Educación y Desarrollo Humano, dijo que entre las organizaciones se sumarán el Eduquemos, el Movimiento Comunal y la propia Procuraduría.
Las organizaciones han estimado que el recorte presupuestario de 484 millones de córdobas a Educación acrecentará los “aportes” en las escuelas.
Prevén que más niños, además de los cortados vía presupuesto, quedarán sin estudiar este año.
La campaña en favor de la gratuidad será lanzada a mediados de este mes, antes que arranque el período de matrícula, programado para el 18 de enero.
Los organizadores esperan integrar a esta campaña a las nuevas autoridades de Educación, a quienes convocarán después de la toma de posesión del nuevo gobierno, el próximo jueves.
FISCALÍA ESCOLAR
Para asegurar que no haya pago por la enseñanza gratuita, las organizaciones también promoverán la creación de una nueva figura: la fiscalía.
Jorge Mendoza, asesor legal de la Procuraduría, explicó que el fiscal podría ser un padre de familia, un maestro o un estudiante que velará porque no se impongan cobros a los alumnos.
El Código de la Niñez permite a los adolescentes participar en asuntos que los atañen, como el derecho a la educación, por tanto bien podría celar la gratuidad, consideró Mendoza.
MARCO LEGAL
A esto puede dársele un marco legal aprovechando que hay tres proyectos de Ley relacionados a la educación en la Asamblea Nacional.
Mendoza coincidió con De Castilla en que la figura de la fiscalía puede encajar en el proyecto de Ley de Participación Educativa, que pretende legalizar el régimen de Autonomía Escolar.
De Castilla dijo que esta figura no existe en otros países. Mendoza, en cambio, dijo que fiscalizar la gratuidad supervisaría otros aspectos de calidad. Para esto, se le daría una previa capacitación al “fiscal”.
Los promotores de la fiscalía esperan que el MECD también se sume a esta propuesta.
