- Al menos media docena de políticas públicas para la protección de la niñez y la
juventud fueron aprobadas durante este año, sin embargo, para el Procurador de la Niñez
y la Adolescencia mientras
no exista una partida
presupuestaria para ejecutarlas, no pasarán de ser simples marcos referenciales
Karla Marenco López [email protected]
Nicaragua ha avanzado aceleradamente en la creación de políticas y planes para proteger a la niñez y la adolescencia, que complementan el andamiaje jurídico establecido para ese fin, sin embargo, echar a andar esos instrumentos para que los menores obtengan verdaderos beneficios, es una materia casi aplazada y constituye el paso a seguir, según el Procurador especial de la Niñez, Carlos Emilio López.
López manifestó que es muy significativo que en este período de gobierno se avanzó mucho en la aprobación de políticas públicas, ratificación de tratados internacionales y aprobación de leyes para la promoción y protección de la niñez, sin embargo, mientras persista el divorcio entre las políticas económicas y las sociales, más niños seguirán teniendo hambre, no podrán asistir a la escuela ni accederán a los servicios de salud.
Este año se ratificó el Convenio para Erradicar las Peores Formas del Trabajo Infantil (No 182), la Ley del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (Conapiña), ente encargado de rectorar las políticas contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Política Pública Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud, que va de la mano con la Ley de Promoción y Desarrollo Integral de la Juventud, aprobada en julio de este año.
También se aprobó la Política de Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, adscrito al Ministerio de la Familia; el Plan Nacional de Educación y el Plan Nacional contra la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros.
CREACIÓN DE INSPECTORÍA DEL TRABAJO INFANTIL
En el ámbito administrativo se crearon una serie de órganos, como la Inspectoría del Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo, encargada de fiscalizar que las empresas públicas y privadas no contraten mano de obra infantil menor de 14 años, y se establecieron sanciones.
Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó algunos juzgados de adultos para tramitar casos de adolescentes, pero aún faltan los 16 tribunales de menores establecidos en el Código de la Niñez, según explicó el Procurador de la Niñez.
FALTA DE COHERENCIA ENTRE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
“Como Procurador, valoro positivo el hecho de que Nicaragua sea uno de los países en América Latina y América Central que cuenta con un marco jurídico avanzado en materia de la niñez y la adolescencia, sin embargo, hay muchos aspectos pendientes en materia de Derechos Humanos, y es la operatividad de dichos instrumentos, ahí es nuestro talón de Aquiles, ahí está nuestra debilidad como país, no sólo del gobierno que está terminando, primero porque no hay una coherencia entre las políticas económicas y las políticas sociales, hay un divorcio”, dijo López.
Para argumentar su afirmación sostuvo que, por ejemplo, la política nacional de atención integral a la niñez y la adolescencia dice que hay que universalizar la educación, que el Estado procure que los niños tengan acceso a todos los servicios básicos, “pero la política económica está privatizando los servicios básicos y únicamente las personas que ganan un salario son las que tienen acceso. Ésta es una exclusión”, aseveró López.
También mencionó que mientras el Código de la Niñez dice que los niños tienen que recibir salud, en la realidad la población paga dos veces los servicios de salud pública, porque paga impuestos, y además paga por los servicios al acudir a ellos para ser atendidos, y no hay atención especializada “cuando la legislación te dice que debe ser gratuita y de calidad”, apuntó el funcionario.
De acuerdo con López, todas las políticas sociales que se han venido elaborando no tienen una contrapartida económica local, entonces, “mientras estas políticas no estén presupuestadas, van a quedar sólo como documentos enunciativos, marcos referenciales e instrumentos conceptuales, pero no van a incidir verdaderamente para mejorar las condiciones de vida de la niñez”.
Un aspecto que López destacó es que ahora se habla de un crecimiento de la explotación sexual con fines comerciales, de la niñez y la adolescencia, por lo que consideró urgente destinar fondos locales y que se gestionen recursos externos para combatir ese flagelo.
“En la política pública para la protección y promoción de los derechos de la niñez contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se reconocen todas las formas de explotación sexual, como el turismo sexual, la pornografía infantil, el traslado ilícito dentro y fuera del país con fines sexuales. Todas ellas deben ser castigadas por el Estado y revertir este problema que se acrecienta en toda Centroamérica”, apuntó López.
HAMBRE Y TASA MÁS ALTA DE MORTALIDAD INFANTIL
Igualmente, recomienda que el Presidente electo, Enrique Bolaños, cuando asuma el poder, busque cómo reformar el presupuesto de Educación y Salud; “hay hambre en el país y seguimos siendo el país con la mayor tasa de mortalidad infantil en Centroamérica. Necesitamos recursos económicos. El Código de la Niñez y el Plan Nacional dicen que ningún niño se puede quedar fuera de la escuela por razones económicas y que hay que llevar la educación a todos los rincones del país. En la práctica, de cada diez adolescentes urbanos, sólo seis van a la escuela y de adolescentes rurales, sólo dos van a la escuela, esto debe cambiar”, indicó.
También critica el hecho de que todas esas políticas públicas nacionales quedan en un nivel de macroestructura jurídico-administrativa, pero que no se toma en cuenta a las instancias locales para desarrollarlas.
“Estas políticas no tienen una expresión local, que es donde están los problemas. Todas están a nivel central, pero las alcaldías y los actores locales desconocen estas políticas y los estados modernos que logran avanzar en democracia y desarrollo son los que se logran descentralizar y hacer de sus políticas nacionales una expresión en sus políticas municipales, y ese proceso no lo tenemos en Nicaragua”, afirmó el Procurador de la Niñez.
MINSA:1ER. LUGAR EN INCUMPLIMIENTO
Este año la Procuraduría Especial de la Niñez recibió 1,107 denuncias, de las cuales el 45% tuvieron que ver con casos de la niñez y la adolescencia, por dos fuentes: por denuncia o de oficio.
Las denuncias fueron por violación al derecho a la educación, salud, garantías al debido proceso, a la integridad física, síquica y moral, violación al derecho a recibir protección especial por parte del Estado.
Las instituciones más denunciadas fueron el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el primero aparecen el Ministerio de Salud, la Policía, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Ministerio de la Familia; en el segundo lugar, la Procuraduría General de Justicia y los jueces.
Hubo recepción a las recomendaciones que hizo la Procuraduría en sus resoluciones, en un 45 y 56 por ciento de cumplimiento, mientras que el año pasado éste fue de un 25 y 31 por ciento de cumplimiento.
La Policía Nacional fue la institución más denunciada, “pero es la que más cumple con las resoluciones de la Procuraduría”; en cambio, la que menos cumple es el Ministerio de Salud; “tenemos serios problemas con el Minsa, están viniendo muchos casos sobre negligencia médica, mala atención o no atención a la niñez y a la adolescencia; el problema se da desde el inicio de la investigación, ni siquiera nos contestan los requerimientos, la ley nuestra dice que los funcionarios públicos tienen la obligación de contestarnos en 72 horas y ni siquiera nos contestan. A veces ni siquiera al Procurador quieren recibir los ministros”, denunció López.