- Salud y educación aparecen en nuestra Constitución Política como dos derechos que tienen todos los nicaragüenses a recibir gratuitamente. Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que quedan al margen de estos servicios por una sola razón: son pobres
Amalia Morales [email protected]
En la puerta de la Sala de Emergencia del Hospital Lenín Fonseca hay más moscas que gente un viernes por la tarde. Alrededor no hay indicios de alimentos, sólo de sangre y dolor, pero los insectos dan vueltas sin cesar.
Cuando pueden, descansan en la nariz, la frente y las mejillas de Mabel Salgado, quien imperturbable clava sus ojos en la baranda de la entrada.
Salgado casi no repara en las moscas. Su mente está adentro, en la Sala de Cuidados Intensivos, donde el día anterior ingresó a su marido con un ataque cardíaco. Ningún familiar puede estar ahí. Su estado es muy grave. “Está agonizando”, dice la señora de 61 años que ve a su marido a ciertas horas.
La agonía de Dámaso Hernández, de 73 años, esposo de Mabel, tiene un precio por día: 2,500 córdobas, cuenta su hijo Francisco Hernández. Y ese no es el costo de la hospitalización —porque el Lenín es un centro asistencial público—, sino de los medicamentos que Dámaso, un jubilado con una pensión de 900 córdobas, necesita para mantenerse vivo.
¿Cómo hacen para pagar? Hernández hijo, que es profesor de computación, resume que con “ayuda de amigos”. De lo contrario reconoce: “Mi papá ya no estuviera vivo”.
Un reciente informe sobre las Cuentas Nacionales en Salud, que elaboró el Ministerio de Salud (Minsa) reconoce que al menos la mitad de los costos de este servicio en el país, los paga directamente la gente.
Y el mayor gasto de la gente son los medicamentos. De acuerdo con el informe, el 69 por ciento de ese desembolso se va en fármacos.
El Estado, con lo que quita vía impuestos a la población, financia en promedio el 25% de lo que cuesta la salud. La cooperación, alrededor de otro 10 por ciento.
En un lapso de tres años, 1997-1999, la inversión estatal cayó de 32 por ciento a 25 por ciento. Se estima que la partida a este importante servicio se contrae cada año en un dos por ciento.
Para el año que viene el presupuesto de salud tendrá una merma de 334 millones respecto a lo que se ejecutó este año. Pasó de 1,899 millones de córdobas a 1,555 millones.
SIN DINERO PARA OTROS PAGOS
A Mabel Salgado, a sus años, le faltan 95 cuotas para tener derecho a una pensión. Con los 900 córdobas de su marido se pagan el agua y la luz de su casa, ubicada en el Barrio Berta Díaz, en el sector de la Carretera Norte.
Por falta de dinero doña Mabel tiene de vez en cuando sus recaídas con el azúcar, y su esposo también las tiene con el asma. Su estancia actual en el hospital es fruto de una crisis de esas.
Por esas enfermedades ambos han sido pacientes fijos del Centro de Salud Silvia Ferrufino. Ahí reciben atención médica, pero no algo que para ellos es esencial: medicinas. Y doña Mabel dice que no siempre tienen con qué comprarlas.
Los ingresos de este antiguo matrimonio se complementan con la ayuda económica de algunos hijos, de los siete que procrearon, y con la venta de toallas de mano y forros de licuadora que hace doña Mabel.
Sin embargo, de esa plata se dispone también para la educación de dos de los cuatro nietos que dependen del matrimonio.
EDUCACIÓN A MEDIAS
Salgado dice que dos de sus nietos sólo aprobaron primaria y no continuaron por falta de dinero. Contra miles de inconvenientes hay una en la universidad y otro cursa secundaria.
La abuela dice que el que estudia la secundaria obtuvo sus notas finales luego de cancelar 246 córdobas a la Dirección del Instituto. “Es que debía el pago de varios meses, y como me tardé en cancelar se las habían retenido”, afirma.
El pago que con el nombre “cuota voluntaria” requieren los centros de enseñanza pública es una de las restricciones de la educación.
La Procuraduría Especial para la Niñez y la Adolescencia realizó este año una investigación y confirmó el cobro solapado que existe en los colegios y escuelas públicas, que es promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con el régimen de autonomía escolar.
El informe de cobros de la Procuraduría coincide en que se cobran cerca de 300 córdobas por alumno cada año en los centros de educación pública.
La privatización encubierta de la educación pública es una campanada, sin eco, en el Estado, que en este año advirtieron con ahínco organizaciones gremiales como la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden).
José Antonio Zepeda, secretario general de esa organización magisterial que afilia al 60 por ciento de los educadores organizados, ha cerrado el año escolar instando al no pago de los padres de familia.
Hasta ahora las autoridades educativas siguen sin reconocer el pago. En repetidas ocasiones, en el transcurso del año, el Ministro de Educación pidió pruebas de los “supuestos cobros”.
Aunque alrededor de millón y medio de nicaragüenses fueron a la escuela este año, se prevé que casi un millón no entraron a las aulas.
Está previsto que para el año entrante la matrícula crezca conforme al ritmo de la población, que según el Fondo de Población de Naciones Unidas para Nicaragua es del 2.7 por ciento, es decir, que la masa de excluidos del sistema seguirá latente.
Como el presupuesto de Salud, el de Educación también sufrió una contracción de más de 400 millones de córdobas. Las autoridades han dicho que la merma era lo que se invertía en infraestructura por lo que no habrá mayor afectación. Que, por el contrario, se abrirán unas 1,000 plazas de maestros, en lo que se reconoce un déficit actual de siete mil educadores.
Mabel Salgado no cree que sus nietos pueden reanudar las clases. “Todo está muy caro, y nosotros aunque queramos no podemos tenerlos en la escuela”, dice desde la banca puesta en las afueras de la Sala de Emergencia, donde su esposo agoniza.
CRISIS DE MEDICAMENTOS
Hoy sólo el 45 por ciento de la gente tiene acceso a los medicamentos básicos. El resto, si puede, lo asume como hace Francisco Hernández con su padre.
Para el año entrante está anunciada un alza del seis por ciento en las medicinas, que impactará aún más en el bolsillo de la población.
A eso se suma una “crisis bastante seria” de falta de medicamentos que atraviesa el Minsa, según reconoce Luis Bolaños, encargado del Programa de Modernización del Ministerio. No obstante, agrega que se hacen esfuerzos para mejorar la distribución de fármacos esenciales que requiere la población.
Sin embargo, Bolaños dice que se han hecho cálculos, y en Nicaragua se necesitarían unos 40 millones de dólares para garantizar medicamentos a toda la población. Ahora, apenas se destinan cerca de siete millones de dólares.
