- Partes se acusan mutuamente
Lucía Vargas C. y Juan Ignacio [email protected]
Un pleito judicial que inició seis años atrás entre Sergio Baltodano, que se denomina parte de los herederos de la casa donde está la sede del Movimiento Comunal (MC) de esta ciudad, y la directiva de dicha entidad, desembocó en el desalojo de quienes ocupaban el inmueble.
Baltodano, presidente de la Asociación de Amigos de la Policía de Carazo, aseguró que logró entenderse con una nueva Junta Directiva del MC, recordando que la primera orden de desalojo la emitió la juez Yelba Aguilera en marzo del año 95, fecha en que la Policía trató de cumplir la orden, pero no se logró nada por las buenas.
También fracasó un nuevo intento en septiembre del 95, señaló Baltodano.
NEGOCIACIONES FALLIDAS
El demandante dice que ofreció a los dirigentes del MC mantenerlos dentro de la casa si reconocían sus derechos como dueño, pero tampoco se pudo.
Explicó que finalmente se logró el desalojo, en el que medió pacíficamente con una nueva directiva de cuyos integrantes no dio nombre alguno, señalando que un señor de apellido Selva hace negocios con su propiedad porque supuestamente vive del alquiler de la casa, que es usada para eventos sociales y recreativos.
Baltodano dijo que ahora la casa pertenece a la Asociación Elba González de Baltodano, que fue su progenitora, y de la cual los únicos herederos son sus hijos, apuntó.
POR LAS VIAS LEGALES
Juan Francisco López González, coordinador del Movimiento Comunal en Carazo, aseguró que tienen más de 20 años de ocupar el local llamado La Cachorra.
López reiteró que la Policía no les ha presentado ningún documento que justifique la presencia de sus efectivos en el local. “Vamos a proceder desde el punto de vista legal porque se está cometiendo una arbitrariedad al no permitirnos el acceso a las instalaciones”, dijo.
Aseguró que denunciará al señor Baltodano, y a cuatro integrantes del MC, de apellidos Acevedo, Solís, González y Pérez, por la presunta usurpación de dominio privado, daños a la propiedad, penetración ilegítima y asociación ilícita para delinquir, porque sospechan que recibieron dinero para dejar entrar a los policías, y para destruir documentación del Movimiento Comunal.
