- Hacen un urgente llamado a los ediles y consejos municipales para que aprueben proyectos de infraestructura que den la oportunidad a ciegos, inválidos y sordos a movilizarse con seguridad, así como de conocer y estudiar la Ley 202 para su aplicación
Lucía Vargas C.CORRESPONSAL/[email protected]
La aprobación de un presupuesto y la creación de una oficina donde sesione el Consejo Nacional de Defensa de Derechos Humanos existente, son algunas peticiones hechas al Estado, para trabajar en pro de los discapacitados, sector que alcanza el 12% de la población nicaragüense, según la Dra. Leana Bello, Asesora Legal del Proyecto de Derechos Humanos de Los Pipitos.
Bello hizo un llamado a los miembros de la Asamblea Nacional para garantizar el presupuesto y que sea ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como una muestra de preocupación sobre la suerte que corren más de 600,000 discapacitados en nuestro país.
La inquietud fue expuesta durante la realización del “Segundo Encuentro de Alcaldes, Abogados, Policía, Amigos y Comisión de Derechos Humanos para la Persona con Discapacidad”, que se realizó en Jinotepe, promovido por dicha Comisión.
Bello señaló que Nicaragua no ha avanzado en cuanto a la aplicación de la Ley 202 que fue creada en 1995 y aprobada dos años después; sin embargo, considera que lo poco que se ha hecho se lo deben a la familia y comunidad, refiriéndose a la sensibilización y al conocimiento que estas personas tienen sobre sus derechos.
Citó experiencias aisladas de avance en algunos discapacitados, pero no como políticas del Estado, sino de la misma familia.
ALCALDES AUSENTES
Thelma Martínez, secretaria de la Comisión de Carazo y miembro de Los Pipitos, señaló que fueron invitados los 8 alcaldes del departamento, además de los munícipes de Nandaime, La Concepción y Masatepe, pero sólo participó el vicealcalde de La Concha.
Los promotores lamentaron la ausencia de las autoridades municipales, así como la de 3 gerentes de bancos, Iglesias Católica y Evangélica, miembros de los Silais y de otras instituciones que deben trabajar de la mano para concretar acciones que garanticen la accesibilidad y los derechos humanos de este sector.
INDIFERENCIA LATENTE
Martínez dijo que en la oficina del Silais-Carazo, ni siquiera fue aceptada la invitación por una persona que se encontraba en la recepción, bajo el argumento de que no se responsabilizaba porque era 7 de diciembre y saldría temprano.
Ramona Rodríguez, es una de las discapacitadas que integra la Comisión de Derechos Humanos, que cuestionó la actitud indiferente, tanto del gobierno como de las autoridades municipales que, a su juicio, están obligadas por ley a velar por los derechos de este sector de la sociedad.
Rodríguez perdió un pierna, y al enfrentar esta limitación dijo haber sentido en carne propia la indiferencia del gobierno, mientras lamentó la falta de sensibilidad de los alcaldes y representantes de instituciones comprometidas. Indicó que las barreras físicas o infraestructurales en la ciudad, limitan el desarrollo que ellos quisieran alcanzar.
LAS NECESIDADES EMERGENTES
Entre las inquietudes planteadas, la arquitecta Claudia Márquez destacó la necesidad de construir rampas en los edificios públicos y aceras, además de instalar señalización vial adecuada en las calles y carreteras para aquéllos con problemas auditivos.
-Insistió en la importancia de que los alcaldes conozcan los obstáculos que hay en las ciudades y cómo eliminarlos, basándose en políticas económicas de hermanamiento o bien exigiendo al gobierno presupuesto para estas construcciones que contempla la Ley 202.
