Eduardo Enríquezeduardo.enrí[email protected]
El mayor de mis hijos tiene cuatro años. Está en la edad de pedir todo lo que ve… “quiero”, “comprame”, “llevame”, “traeme”… cuando puedo, satisfago sus deseos, pero él es insaciable, al poco rato está pidiendo otra cosa. Así que si antes hay una prioridad más importante —las compras del súper o la matrícula del colegio— pues lo primero es lo primero.
Obviamente, por su corta edad no se detiene a pensar la manera en que se obtienen las cosas. Él pide y las cosas aparecen. Se materializan.
De esa misma manera los nicaragüenses hemos convertido al Estado, esa ficción jurídica creada para hacer viable la vida de las personas en comunidad en un “Papá”, al que le pedimos todo. Y reflexionamos poco o nada sobre la manera o los mecanismos que hacen posible satisfacer esas necesidades, gustos o caprichos.
Un ejemplo de esto es una información que publicamos ayer en LA PRENSA. El titular decía: “Gratuidad en salud no existe”. ¿Y es que en realidad es posible que un servicio como la salud, o cualquier otro servicio —derechos, que incluso están consignados en nuestra Constitución—, sean gratuitos? Imposible. Alguien tiene que pagar para que ese servicio se produzca, se materialice.
¿Y saben qué? El que paga es el mismo al que se le ha estado vendiendo la utopía de que está recibiendo un servicio “gratuito” porque es su “derecho”. El servicio lo pagó por adelantado el ciudadano con cada impuesto que ha pagado, y aquí hasta los muertos pagan impuestos.
Esa percepción paternal del Estado es generalizada, está en todos los estratos y niveles de nuestra sociedad. Creo que ya lo tenemos en el subconsciente.
Veamos el caso de los futuros ministros. Es innegable que se ha dado un gran paso cuando al menos estamos hablando de tener un gobierno austero, con funcionarios que no devenguen megasalarios y que se costeen sus gastos como lo hace cualquier mortal en este país.
Pero también es innegable que muchos de los futuros funcionarios se notan incómodos cuando se les toca el tema.
El caso de los vehículos es un ejemplo claro. Al parecer es un “derecho” de los altos funcionarios que el Estado les dé una camionetona. Es algo que por lo visto viene matriculado con el cargo.
No es que sea prohibido que un funcionario quiera hacerse conducir (porque tener conductor pagado por el Estado también parece ser un derecho) por Managua en una camioneta lujosa. Pero el funcionario debería costeársela de su salario. De por sí, ya un “minisalario” de cinco mil dólares es suficiente para pagar las mensualidades de esas camionetonas y todavía vivir bien.
Éste es un “Papá” pobre, y nada es gratuito, alguien tiene que pagar; la cobija no da para todo y hay que poner prioridades. Satisfacer necesidades de salud y educación del pueblo está mucho más alto en la lista que los lujos de los altos “dignatarios”. Eso de las prioridades, mi hijo, a sus cuatro años, lo comprende.
El autor es periodista.
