El secretario general del FSLN, diputado Daniel Ortega, renunció el miércoles de esta semana a su inmunidad parlamentaria para someterse a juicio por la acusación de su hijastra, Zoilamérica Narváez, de que él supuestamente la hizo víctima de violación y abusos sexuales desde que ella era una niña de 11 años de edad.
La verdad es que mucho esperó el diputado Daniel Ortega para dar este paso —al que por su carácter de funcionario público estaba política y moralmente obligado—, pues la señora Narváez presentó su acusación desde marzo de 1998. A partir de entonces el acusado había rechazado la imputación y se había negado a renunciar a su inmunidad, respaldado por los diputados sandinistas y liberales, quienes seguramente por el compromiso del pacto libero-sandinista no atendieron la petición de desafuero que presentó la acusadora.
Inclusive, por esa negación de justicia a Zoilamérica Narváez, el Gobierno de Nicaragua fue demandado —en octubre de 1999— ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, la que el 17 de octubre de este año admitió el caso para someterlo a análisis y eventualmente trasladarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que ésta dicte sentencia.
Ahora el señor Ortega ha decidido renunciar a su inmunidad parlamentaria y someterse a juicio por la acusación de Zoilamérica, lo cual, aunque tardío debe reconocerse como un paso positivo, ante todo porque el privilegio de la inmunidad no debe amparar a ningún funcionario público para que evada la justicia en casos que no son propios del desempeño de sus funciones oficiales.
Pero, ¿por qué el diputado Ortega tomó por fin esa decisión? ¿Será que en realidad es inocente de los cargos que le imputa su hijastra Zoilamérica Narváez? Y si así fuera, ¿por qué esperó tanto tiempo para ponerse a la orden de la justicia? ¿Será porque sus abogados están convencidos de que aunque se hubiesen cometido los delitos por los que la señora Narváez acusa a Ortega, ya prescribieron según lo que establece el Código Penal? Ahora bien, alegar prescripción penal ¿no significa admitir de hecho la comisión del delito? ¿Será que los nuevos aliados democráticos del FSLN, en la Convergencia, le exigieron a Ortega dar ese paso para seguir reconociendo su liderazgo? ¿O será más bien que el diputado Ortega está seguro de que lo van a absolver del caso, por la reconocida politización partidista que hay en la administración de justicia?
En realidad, es lógico pensar que si el diputado Daniel Ortega se decidió a renunciar a su inmunidad parlamentaria para enfrentar en el juzgado la acusación de Zoilamérica Narváez, es porque tenía y tiene la absoluta seguridad de que va a salir absuelto. Sin embargo, el solo hecho de que el poderoso líder sandinista decidiera por fin renunciar a su inmunidad y someterse a la justicia ordinaria —con todo lo dudosa que es ésta—, tiene una inmensa significación, y no sólo por el valor noticioso del caso sino también porque de algún modo se está poniendo de manifiesto que hasta a los personajes más poderosos e inmunes, se les puede sentar en el banquillo de los acusados. Y aunque no se les condene, llevarlos al juzgado ya es bastante e indica que se puede tener la esperanza de que más adelante se hará justicia.
Por otro lado, como es bien sabido los delitos de violación y abusos sexuales en general son de los más dañinos que sufre la sociedad, por las consecuencias físicas y emocionales que producen en las víctimas, particularmente en las menores de edad. Sin embargo la violación y los abusos sexuales se cometen con demasiada frecuencia, inclusive en el interior de muchos hogares. Y si en personas comunes y corrientes esos delitos repugnan y merecen el castigo más severo posible, con mucha mayor razón son condenables si los victimarios son personalidades destacadas en la sociedad y ejercen cargos públicos importantes.
En todo caso es dudoso que en el juicio de Zoilamérica contra Ortega resplandezca realmente la justicia, pero su ventilación judicial por lo menos servirá para hacer una mayor conciencia en la sociedad de la necesidad de prevenir y castigar esos repugnantes delitos, cualesquiera que sean las personas involucradas.
