- Auguran respuestas positivas por su condición de afectado en la década de 1980
Martha Danelia Corea [email protected]
Los confiscados esperan que la solución al tema de la propiedad se dé con el nuevo gobierno por la propia condición de confiscado del Presidente electo, Enrique Bolaños, y del próximo ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, además del futuro procurador de Justicia, Oscar Herdocia.
“Estamos seguros que con el nuevo gobierno de don Enrique y con las dos personas que serán los dos pilares de la solución del problema de la propiedad, como son el doctor Eduardo Montealegre y el doctor (Oscar) Herdocia, se podrá trabajar, y ellos serán las personas que podrán solucionar este espinoso asunto de una vez por todas, creo que ellos, como fueron confiscados, van a velar por aquellos confiscados pequeños que tienen una, dos, tres o cuatro manzanas”, declaró Luis Raúl Cerna, secretario de la Asociación de Confiscados de Nicaragua.
Por su parte, Blanca Buitrago, presidenta de la Asociación de Confiscados de Nicaragua, expresó que los confiscados deben estar claros del futuro que se les avecina, “sobre todo con este gobierno que le tenemos mucha fe que vamos a ser ayudados, porque don Enrique Bolaños fue confiscado, Oscar Herdocia es confiscado, Eduardo Montealegre es confiscado”, expresó
CRITICAN ESTANDARIZACIÓN
Para Antonio Aráuz, presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos, el proceso de estandarización de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI) fracasó, puesto que éstos no obtuvieron un valor real en el mercado de los bonos.
El proceso de estandarización de los BPI inició durante la Administración de Violeta Chamorro. En 1997 se reinició este proceso hasta llegar en agosto de 1999 a su canje.
Las autoridades de Hacienda explicaron en su momento que la estandarización de los BPI se realizó porque los actuales bonos ya no cumplen con una serie de requisitos establecidos en los mercados bursátiles, resultando difícil para el inversionista nacional o extranjero comprar el actual BPI, porque no cuenta con una fecha de emisión uniforme.
“Nos sentimos un poco decepcionados porque pasaron cinco años y realmente no funcionó. El gobierno paga al confiscado el 4 y medio por ciento (de interés), pero el confiscado para poder recuperar su dinero en el mercado actual de valores de Nicaragua, está pagando entre el 30 y 35 por ciento por recuperar su dinero, entonces cae de un córdoba a 18 centavos”, explicó Aráuz.
PROBLEMAS CON BONOS
Alfonso Castellón, secretario de los confiscados, explicó que el problema de éstos se divide en dos frentes. Primero, que muchos confiscados desean su propiedad devuelta y no los Bonos de Pago por Indemnización (BPI); segundo, que por problemas sociales que se puedan derivar de la recuperación de la propiedad, otros confiscados aceptan la indemnización con los bonos.
“Aquí se trata de una indemnización justa, o sea, que si un bono vale 18 centavos, el verdadero valor, es decir, su valor facial no es de un dólar sino de 18 centavos de córdoba, lo que queremos es que ese bono se revalorice o bien se aumente la indemnización”.
“Ambos casos sabemos que no se pueden dar, se tiene que dar uno de los dos, precisamente por eso nuestra asociación, tanto la de tenedores de bonos como la de los confiscados, lo que queremos es decirle al gobierno aquí estamos presentes, sabemos que legalmente no es tan fácil solucionarlo, porque las personas usurpadoras quieren seguir usurpando sus bienes”, explicó Castellón.
Para los confiscados los BPI deberían valer un dólar. “Para llegar a ese valor debería tener diferentes usos, como doña Violeta lo hizo de ley, pero después se vino a deformar la situación con el gobierno del doctor (Arnoldo) Alemán”, agregó Castellón.
