El presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, fue el único de los cuatro magistrados que aprobaron la cuestionada resolución de proclamación de candidatos electos, que brindó explicaciones a los medios de comunicación sobre la legalidad de sus decisiones. En la gráfica, Rivas con su asesor jurídico, Winston Betanco.

Pacto, pero no entre caballeros

Consuelo [email protected] La nueva crisis del Consejo Supremo Electoral (CSE) iniciada el pasado 21 de noviembre fue precedida por el rompimiento del quórum de tres de los siete magistrados que se oponen a la aprobación de una resolución de proclamación de los candidatos electos a diputados y la designación de los escaños parlamentarios, incluyendo la […]

Consuelo [email protected]

La nueva crisis del Consejo Supremo Electoral (CSE) iniciada el pasado 21 de noviembre fue precedida por el rompimiento del quórum de tres de los siete magistrados que se oponen a la aprobación de una resolución de proclamación de los candidatos electos a diputados y la designación de los escaños parlamentarios, incluyendo la de legislador suplente del actual vicepresidente de la República, Leopoldo Navarro.

Tres horas después de continuada la sesión extraordinaria, abierta desde el pasado 3 de noviembre por diez magistrados entre propietarios y suplentes, tres de ellos de tendencia sandinista, decidieron abandonar el local del Centro de Convenciones Olof Palme en donde funcionó el Centro Nacional de Cómputos, rechazando la resolución adoptada por sus colegas.

Éstos resolvieron asignar los 90 escaños parlamentarios, incluyendo el del actual vicepresidente Navarro como diputado suplente del presidente Arnoldo Alemán.

La resolución que señala que los escaños quedaron distribuidos así: 52 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 37 para el Frente Sandinista y uno para el Partido Conservador, además de las diputaciones de Arnoldo Alemán y la del ex candidato presidencial sandinista, Daniel Ortega, fue el principal factor que se convirtió en la manzana de la discordia entre los magistrados liberales y sandinistas.

Pero también la controversia se extendió porque los magistrados liberales, independientemente de lo estipulado en el artículo 133 de la Constitución Política, designaron a Navarro como diputado suplente del futuro diputado y presidente saliente Arnoldo Alemán.

Mientras los magistrados sandinistas desconocieron la certificación de resolución porque fue rubricada solamente por sus colegas liberales, violentando el artículo 12 de la Ley Electoral, referido al establecimiento del quórum, éstos defendieron su posición, argumentando que su actuación fue legal porque el compromiso de no romper quórum constituye resolución y por ende tiene fuerza de ley.

El vicepresidente del Poder Electoral, Emmett Lang, de tendencia sandinista, desconoció ese compromiso, porque según él, ningún acuerdo o pacto de caballeros puede estar sobre la Constitución y la Ley Electoral, legislaciones que a su juicio fueron violentadas al validar resultados de mesas electorales que estaban expresamente nulas por ministerio de la ley y nominar ilegalmente a Navarro como diputado suplente.

Los cuatro magistrados liberales son Roberto Rivas, Silvio Calderón, Mauricio Montealegre y Jorge Incer Barquero, en cambio, los sandinistas son Emmett Lang, José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba.  

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