- Presidente de la Sala Constitucional sostiene que la CGR viola derechos de los investigados
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Las resoluciones que emite la Contraloría General de la República (CGR) y que están relacionadas con sanciones contra funcionarios de la administración pública, podrían ser invalidadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según advirtió ayer el titular de esa sala judicial, Guillermo Selva.
En su primera comparecencia como presidente de la Sala Constitucional, Selva también se refirió a las declaraciones del contralor Luis Ángel Montenegro, quien supuestamente aseguró que la CSJ apaña la corrupción porque no falla los Recursos de Amparo sometidos a su conocimiento.
El funcionario se quejó de que la Sala Constitucional está atiborrada de decenas de Recursos de Amparo interpuestos por funcionarios que se sienten afectados por las resoluciones de la CGR, y agregó que en muchos casos, la CGR ha transgredido los derechos de los recurrentes.
Refirió que los textos de las resoluciones dejan entrever una “intención de destruir a los funcionarios”, y criticó que no son pocos los casos en los que alguno de éstos es investigado por la CGR sin que previamente se lo hayan hecho saber.
Por esa razón, agregó, cuando son citados a declarar lo hacen sin ser asistidos por un abogado, y “lo que ha podido ser una simple declaración ante la Contraloría después ha servido como indagatoria” (en los tribunales).
El presidente de la Sala Constitucional expresó que esto viola los derechos del investigado, y subrayó que de continuar esta situación, se mandaría a suspender los efectos de las resoluciones del ente fiscalizador.
Entre otros efectos que generalmente se derivan de las resoluciones de la CGR, figuran la determinación de presunciones de responsabilidades civiles o penales, y devolución de dinero tomado por los funcionarios de manera irregular.
LEY ANALIZADA CON LUPA
Anunció que el miércoles de la próxima semana, los miembros de su Sala analizarán exhaustivamente la letra de la Ley Orgánica de la CGR, para determinar cuáles son las competencias que la misma confiere a los contralores, y así dejen de atribuirse funciones que no tienen.
Respecto de la retardación en la emisión de los fallos sobre Recursos de Amparo, Selva indicó que en lo que va del 2001, la Sala Constitucional ha resuelto 194 casos y sólo quedan pendientes 156.
Por otra parte, Selva dijo que si el Partido Conservador y el Frente Sandinista deciden recurrir de Amparo contra las resoluciones emitidas por el Consejo Supremo Electoral, tras las elecciones del 4 de noviembre, no deben olvidar que los fallos de ese poder del Estado no son sujetos de apelación.
IMPUNIDAD SIGUE EN NICARAGUA
El contralor Luis Ángel Montenegro planteó que en los últimos tiempos, el ente fiscalizador ha emitido 159 resoluciones en las que se ha involucrado a más de 500 funcionarios que podrían haber causado perjuicio económico al país por 700 millones de córdobas.
No obstante, señaló que el hecho de que el sistema judicial no funcione de manera expedita debido a la retardación de justicia y otras causas, ha dado pie a que exista la certeza de que en Nicaragua no se castiga a la delincuencia.
Recordó que de 159 casos enviados a los tribunales por la Contraloría General de la República (CGR), 67 corresponden a recursos de Amparo, ninguno o muy pocos han sido fallados, dejando en la impunidad a quienes se han apropiado indebidamente de lo que no les pertenece.
Montenegro negó que la CGR viole los derechos de los investigados, y enfatizó en que lo que piden a la CSJ es que se pronuncie en tiempo y forma sobre los casos, porque las pocas veces que lo han hecho, el investigado ya se murió, dejó el cargo o desvaneció las evidencias que lo incriminaban.
