Con mucho agrado celebramos (“Baja de las tarifas aéreas”, Editorial de LA PRENSA del 16 de agosto del 2001), la inauguración de la nueva línea aérea, Servicios Aéreos de Nicaragua, S.A. (SANSA). Y celebramos dicho evento, porque estamos seguros de que la ampliación de la competencia que resulta del libre acceso en cualquier actividad empresarial, tiende a producir mejores productos y servicios y a mejores precios; todo ello en beneficio de los consumidores.
Los resultados de una activa competencia no son de orden teórico solamente. Cuando SANSA inició operaciones con una tarifa en la ruta Managua-Miami-Managua de 298 dólares, otras líneas aéreas, como TACA y American Airlines, ajustaron hacia abajo sus tarifas para enfrentar la nueva competencia. Los miles de viajeros que utilizan esa ruta se beneficiaron de inmediato. Hasta ahí todo estaba bien.
Pero ahora resulta que se ha vuelto a caer en la demagogia nacionalista para favorecer a SANSA, y en ese proceso se perjudica injustificadamente a otras líneas aéreas y a los usuarios. Resulta que la oficina de Aeronáutica Civil, que es una dependencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ha decidido privilegiar a SANSA con el derecho exclusivo para volar directo, sin escalas, entre Managua y Miami, y al mismo tiempo quitarle ese derecho a TACA y a LACSA. Aeronáutica no ha hecho más que recurrir a la arcaica, anticompetitiva y perjudicial idea de que el Estado debe privilegiar a las líneas aéreas de “bandera nacional”, idea que se disfraza bajo el eufemístico nombre de “Quinta Libertad”. (Curiosamente, Aeronáutica Civil no le quitó ese derecho a la línea aérea norteamericana, American Airlines, alegando que se encuentra amparada en “Acuerdos de Transporte Aéreo” firmados por Nicaragua.)
Lo que de hecho estamos viendo aquí es la mano del Estado interviniendo indebidamente para favorecer a una empresa en perjuicio de otra, algo a todas luces injustificable y perjudicial para el desarrollo de la competencia, y por consiguiente, del progreso. TACA y LACSA han respondido con un comunicado público en el que argumentan, entre otras cosas, que, en estricto “rigor”, SANSA no es una línea aérea porque se dedica a transporte aéreo “no regular”, y que por operar SANSA con un certificado de explotación de una tercera empresa de Estados Unidos, no puede ser considerada una línea aérea de “bandera nacional”.
Pero, a nuestro juicio, los argumentos de TACA y LACSA para tratar de impedir que les quiten el derecho de ruta son tan peregrinos como el usado por SANSA para justificar su privilegio. Ninguno de esos argumentos llega al fondo del problema, y antes bien lo evitan y lo perpetúan. El problema a resolver es el de la falta de competencia. Ni TACA, ni LACSA ni SANSA deben ser privilegiadas en sus operaciones por el Estado. Esas líneas aéreas, y cualquiera otra que quiera y pueda prestar debidamente el servicio de transporte de pasajeros entre Managua y Miami, debe ser autorizada para operar en igualdad de circunstancias.
La decisión tomada por Aeronáutica Civil es perjudicial, no sólo para TACA y LACSA, sino, sobre todo, para los miles de pasajeros que viajan entre Managua y Miami, ya que se les reducen sus opciones y se ven forzados a sufrir demoras por escalas innecesarias. Esto se lo han hecho saber las agencias de viajes a las autoridades correspondientes. Resulta insensato que mientras decimos que queremos incentivar y desarrollar el turismo nacional, estemos, al mismo tiempo, creando barreras y dificultades para los viajeros que cada vez encontrarán menos cómodo y deseable viajar a Nicaragua.
El trasnochado argumento de “proteger” a las empresas nacionales de la competencia extranjera mediante la extensión de privilegios y concesiones especiales, es uno de los que en el pasado no muy distante impidió el desarrollo acelerado de las economías latinoamericanas. Mientras otras regiones se abrían a la competencia y recibían gustosos la inversión extranjera, América Latina se cerraba bajo la llamada política de “sustitución de importaciones” que tanto daño le causó a la región.
No tiene ningún sentido de que con tanta experiencia de fracasos acumulada se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Aeronáutica Civil debe, de inmediato, cancelar la disposición referida.
