El Siglo XX fue testigo de los mayores conflictos ideológicos en la historia de la humanidad. Divergencias de criterio profundas en cuanto a la concepción del hombre y la forma de organizar la sociedad generaron innumerables guerras que causaron amargos sufrimientos e incontables muertes. Un hecho, sin embargo, es incuestionable: los países de economías libres triunfaron sobre los que tenían economías controladas por el Estado.
En la actualidad son muy pocos los que abogan por una economía centralizada. Nicaragua, en la década ochenta, sufrió en carne propia el flagelo causado por la ilusión de que el Estado podía resolver todos los problemas de la sociedad, siempre y cuando estuviese investido de un poder absoluto. Los catastróficos resultados que esa manera de pensar produjo en Nicaragua —pérdida de la libertad, opresión política y social, caída de la producción y escasez de todo—, no fueron diferentes a los producidos en todos aquellos países que también actuaron conforme a esa idea.
Afortunadamente, las elecciones de 1990 hicieron explotar en mil pedazos el mito de la economía centralizada, y Nicaragua empezó ese año la penosa tarea de levantarse de las ruinas que dejó el experimento estatista. Se restauraron los derechos individuales y políticos, y el Estado se vio forzado a retirarse de una serie de actividades que no eran de su competencia.
Desde entonces la economía nicaragüense ha venido liberalizándose, y este año, incluso, de conformidad con el Índice de Libertad Económica, preparado anualmente por la Heritage Foundation y la página de opinión de The Wall Street Journal, experimentó un avance en ese proceso al obtener una mejor calificación respecto al año pasado. El índice obtenido por Nicaragua este año fue de 3.15, mientras que el del año pasado fue de 3.45. (La calificación está dada en una escala de 1 a 5, y entre más baja sea la puntuación, más libre se considera la economía del país). De acuerdo a ese estudio, el país más libre del mundo, económicamente hablando, es Hong Kong, seguido de Singapur y Nueva Zelanda.
Pero si bien es cierto que en cualquier parte del mundo pueden ser contados con los dedos de una mano los economistas y pensadores que creen que el Estado debe hacerlo todo, no son pocos los políticos que una vez que alcanzan alguna cuota de poder, están más que dispuestos a usarla para revertir y coartar la tan difícilmente conquistada libertad política y económica. Y eso, precisamente, es lo que quizo hacer el actual Gobierno de Nicaragua, a punto de concluir su mandato, según se desprende de las declaraciones que dio esta semana el diputado “liberal” Eliseo Núñez, y anteriormente el presidente Arnoldo Alemán, contra el derecho de los medios de comunicación de mantener informada a la sociedad.
No hay duda de que el diputado Núñez actuó como caja de resonancia de la voluntad del presidente Alemán, por lo que no sorprendió que dicho diputado atacara a los medios de comunicación —especialmente al Canal 2 de televisión— y al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), justo en el momento en que salieron a luz pública pruebas de que dinero del Estado, es decir, del pueblo, fue usado para pagar deudas bancarias de compañías privadas en las que es socio el presidente Alemán junto con miembros de su familia y de otros ex funcionarios públicos.
Afortunadamente la directiva del PLC obligó a Nuñez a desistir de su iniciativa de ley contra la libertad de expresión y contra la libertad de empresa, que era tan cavernaria y absurda que parecía ser sólo una forma expedita de distraer la atención pública de la corrupción reinante en las altas esferas del gobierno. Pero de cualquier forma que sea, sus amenazas fueron repudiadas por todos los nicaragüenses, ya que su materialización habría atentado contra el progreso y bienestar que todos queremos, y nos habría puesto en el camino de regreso a un pasado oscuro y triste que nadie quiere.
La voluntad de un pueblo que votó por la libertad y el progreso — y no por el oscurantismo y la arbitrariedad que representaba la propuesta del presidente Alemán y el diputado Núñez— debe ser respetada, y confiamos en que el nuevo gobierno sabrá hacerla respetar.
