José Luis Medal
Cuando en 1997, el gobierno actual presentó a la comunidad internacional su programa y proyecciones económicas para el período 1997-2001, se indicaba que las exportaciones se iban a reactivar aceleradamente, que se reduciría el déficit fiscal, que se eliminaría el deslizamiento, que la economía crecería a una tasa anual no menor del 5%, que se combatiría la pobreza y que se erradicaría la corrupción. Los logros alcanzados, difieren sustancialmente de las metas señaladas. Nicaragua tiene, hoy por hoy, un déficit fiscal insostenible, y el déficit comercial más alto de América Latina, en términos relativos. Ello evidencia el fracaso de las políticas de ajuste. Más que un ajuste, lo que ha tenido lugar es un financiamiento externo del creciente desajuste. El país sobrevive gracias a las remesas familiares y a la cooperación internacional. Las exportaciones no se han convertido en el motor del crecimiento, persiste un elevado desempleo y altos niveles de pobreza, las reservas internacionales están exhaustas, como resultado de las fraudulentas quiebras bancarias y del incumplimiento del acuerdo interino con el FMI, y se ha reducido en este último año, la tasa de crecimiento de la economía. En el lado positivo, el país entró a la iniciativa HIPC y la inflación se ha mantenido relativamente controlada, aunque no se logró el objetivo de reducirla al 5% anual.
El nuevo gobierno enfrentará serios desafíos en el campo económico. Como el BCN ya ha usado y abusado con la emisión de CENIS, creando una gran deuda interna, en el futuro, el peso del ajuste tendrá que descansar en la política fiscal. Tendrá que reducirse el insostenible déficit fiscal, sin afectar el gasto social, promover una reactivación sostenida de las escuálidas exportaciones, reducir el enorme desequilibrio externo, hacer frente a la creciente deuda interna, restablecer el nivel de las reservas internacionales, y combatir simultáneamente la pobreza y la corrupción. El eje del programa económico de los próximos años, se centrará en un nuevo acuerdo con el FMI y en la implementación de la denominada estrategia reforzada de combate a la pobreza.
En el nuevo acuerdo con el FMI, necesariamente, se continuará con una política monetaria, crediticia y fiscal restrictiva. No existe margen, ni es conveniente, el implementar políticas macroeconómicas populistas. Aunque las reservas internacionales están reducidas, cabe, sin embargo, descartar la opción de una devaluación. El ajuste, más que vía una devaluación, tendrá que venir por el lado del gasto público. El desafío, radica en lograr un ajuste con equidad, lo que implica, que lo que corresponde reducir son los megasalarios y los gastos suntuarios, sin afectar el gasto social, en educación y salud.
En el corto plazo, la repatriación de capitales, nuevos flujos de capital privado y de capital oficial —después de un nuevo acuerdo con el FMI— permitirán restablecer los reducidos niveles de las reservas internacionales y permitir una recuperación económica para el año 2002. A mediano y largo plazo, la reactivación de las exportaciones —y no la dependencia de la cooperación internacional y de las remesas familiares— deberá constituirse en el eje central de una política de crecimiento sostenido de mediano y largo plazo. Para ello no basta con los incentivos actuales para las exportaciones, ya que persisten fuertes sesgos antiexportadores. Además de hacer funcional el reintegro tributario del 1.5% al valor FOB exportable, y las exoneraciones que contempla la Ley de Admisión Temporal, cabría una exoneración, al menos parcial, de la renta gravable de origen exportable.
Otros desafíos para la política económica, lo serán en el campo arancelario y en la negociación de reformas al Código del Trabajo. En el campo arancelario, conviene profundizar la reducción de aranceles y la apertura externa y resistir presiones proteccionistas. En relación con el Código del Trabajo, resulta necesario introducir, por consenso, reformas al artículo 45 y flexibilizar el mercado laboral. La protección de los salarios, más que por políticas ineficaces de salarios mínimos, debería provenir de una dolarización oficial de la economía. Una dolarización oficial tendría importantes ventajas y eliminaría el deslizamiento del 6% anual, que afecta a los asalariados y a los pensionados del seguro social. Aunque el futuro gobierno no ha definido ninguna posición respecto a la alternativa de una dolarización oficial, lo menos que cabría hacer en este campo es reformar la obsoleta ley monetaria vigente.
A pesar de la importancia de los desafíos económicos, el principal reto del nuevo gobierno será en el campo institucional y de erradicación de la corrupción. La sociedad civil, en ese aspecto, deberá apoyar cualquier esfuerzo del nuevo gobierno, por erradicar el estilo de gobierno patrimonialista y prebendario que ha predominado en los últimos años.
El autor es economista
