En la entrevista que le hizo la periodista de LA PRENSA, Karla Marenco, y que publicamos en nuestras ediciones del domingo 11 y el lunes 12 de noviembre, don Enrique Bolaños expresó que los medios de comunicación “no necesariamente son fiscalizadores de la gestión pública… no es ésa la misión de los medios, la misión es narrar hechos veraces, la opinión pública se forma su juicio. En la narración de la veracidad de los hechos, hace el papel que el ciudadano se sienta que puede fiscalizar porque se entera de las cosas veraces”.
Don Enrique tiene toda la razón al decir que los medios deben “narrar hechos veraces”. Pero se equivoca al advertir que fiscalizar la gestión pública no es la misión de los medios de comunicación social. Al parecer, al presidente electo de Nicaragua le hace falta un adecuado asesoramiento político y sobre comunicación social, lo que es una debilidad que debería subsanar antes de asumir el poder, porque la política y la relación con los medios son piezas determinantes para hacer el buen gobierno que, sin dudas, él quiere lograr, y que la nación necesita.
En una sociedad genuinamente democrática es indigno el periodismo que se limita a reproducir las declaraciones de los funcionarios, a divulgar las obras que impulsan los gobernantes con dinero de los contribuyentes y de la cooperación externa —pues para eso están sus relacionistas públicos— y cierra los ojos ante las injusticias, los abusos y la corrupción gubernamental. Los medios de comunicación no pueden ser cómplices de semejantes crímenes contra el pueblo. Su misión no es informar asépticamente sólo sobre sucesos cotidianos, trivialidades políticas y elegancias de los gobernantes, sino también —y sobre todo— fiscalizar el ejercicio del poder por medio de la investigación y la información veraz, y velar por la buena administración de los bienes e intereses de los ciudadanos.
Por eso, por ejemplo, fue que LA PRENSA investigó y sacó a luz el caso de corrupción conocido como “los checazos”, hasta que una autoridad judicial se negó a investigar los hechos y lo cerró con un fallo de sobreseimiento definitivo. Y precisamente por eso mismo es que hemos retomado el caso, por medio de las investigaciones de nuestro periodista Jorge Loáisiga, hasta descubrir y demostrar adónde fue a parar y a quiénes benefició el dinero del pueblo nicaragüense que se “perdió” en el enredo de los checazos.
En realidad, la documentación revelada por la última investigación de LA PRENSA plantea nuevos aspectos del caso de los checazos, e indica que en el juicio que se hizo pudo haber falso testimonio, que es un delito tipificado en el artículo 353 del Código Penal de Nicaragua. Y por lo tanto, las autoridades correspondientes deberían tomar las providencias para iniciar una nueva causa judicial.
Por otro lado, el asunto de los checazos tiene también implicaciones internacionales, pues al menos una parte del dinero involucrado fue depositado en bancos de Estados Unidos, país donde también se encuentran radicadas personas mezcladas en el asunto. Al respecto, hay que señalar que en la Convención Americana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue adoptada en marzo de 1996 y ratificada por Estados Unidos en septiembre de 2000, se establece que “la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente”; y se señala que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”.
De manera que las autoridades norteamericanas están obligadas a cooperar con Nicaragua en el pleno esclarecimiento del caso de corrupción conocido como “Los Checazos”, impedir que la impunidad nacional se convierta en impunidad internacional, y hacer realidad lo que se dice en los discursos oficiales y lo que está plasmado en la antes mencionada Convención Interamericana Contra la Corrupción.
En todo caso, mientras no haya autoridades que cumplan con su obligación de fiscalizar la gestión pública e investigar y denunciar la corrupción, los medios de comunicación social independientes lo seguirán haciendo, y LA PRENSA estará siempre en el primer lugar de ellos.
