En el proceso de transformación y de apertura social y económica que se viene dando en Nicaragua a partir de 1990, se entendió desde un principio que la libertad de expresión es un pilar fundamental e indispensable del tipo de sociedad abierta, libre y democrática que la vasta mayoría de nicaragüenses deseamos para nuestro país. Después de haber vivido bajo una brutal censura de prensa, bajo los regímenes somocista y sandinista, los nicaragüenses estábamos ansiosos de respirar aires de libertad que no le impusieran cortapisas ni barreras a nuestro derecho de estar informados y de expresar libremente nuestras ideas y opiniones.
Ese derecho se restableció a plenitud en 1990, y con su restablecimiento desapareció también el único monopolio de medios de comunicación que existía en Nicaragua, y que era el extraordinariamente aburrido y desinformador Sistema Sandinista de Televisión. Desde entonces han surgido muchos nuevos canales de televisión independientes, así como también nuevas radioemisoras y medios de comunicación impresos.
Para facilitar el derecho del pueblo nicaragüense a estar informado, los legisladores que reformaron la Constitución Política en 1995, decidieron que “La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales” (Artículo 68). La intención de los legisladores fue la de hacer accesible a la población, al menor costo posible, todo aquel material que tenga que ver con la educación, la cultura y la información. Eso no quiere decir, sin embargo, que los medios de comunicación estén exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta como cualquier otra empresa.
Las exoneraciones referidas hacen posible que el público consumidor de diarios, libros, revistas, etc., pague menos dinero por esos productos. Con base en ese mismo criterio es que se han dejado también exentos del pago de impuestos la importación de muchos insumos que son utilizados en la producción agrícola. Asimismo, al sector turismo, que posee gran potencial de crecimiento, se le ha concedido una amplia gama de exoneraciones, a fin de hacerlo más atractivo para los inversionistas locales y extranjeros.
Hay quienes alegan que también otros sectores deberían estar exonerados del pago de impuestos de importación de materiales y equipos que utilizan en sus procesos productivos. Y tienen razón. La exoneración que facilita la producción debe ser bienvenida. Lo contrario, que es lo que por lo visto le gustaría imponer al futuro diputado Arnoldo Alemán, es perjudicial para la producción. Pero es obvio que el todavía presidente Alemán, está animado de un espíritu dictatorial y revanchista, y desde ya está dando señales de estar dispuesto a pervertir y utilizar la ley para castigar a los medios de comunicación que a través de todo su período presidencial denunciaron, y continúan denunciando, todas aquellas arbitrariedades, actos de corrupción y abusos cometidos a la sombra del poder político.
Una prensa libre es fundamental para el desarrollo de Nicaragua. Así ha sido reconocido por altos representantes del sector privado, de la Iglesia Católica, y por el mismo Presidente de la República electo —aunque todavía el CSE no lo haya proclamado—, ingeniero Enrique Bolaños. Sin embargo, una vez más, la plena y total libertad de expresión que disfrutamos en nuestro país desde 1990, está bajo amenaza. El primer atentado formal contra esa libertad se dio cuando, con la venia del presidente Alemán y de las bancadas parlamentarias liberal y sandinista, se aprobó a principios de este año la llamada “Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua”. Esa Ley fue oportunamente recurrida de inconstitucionalidad por el Diario LA PRENSA y El Nuevo Diario, así como también por los canales 2 y 8 de televisión. Dicho recurso aún se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.
Esperemos que esa libertad por la que el pueblo nicaragüense votó tan abrumadoramente en los recién pasados comicios, sea defendida por las autoridades electas, y que no sea pisoteada por quien, sin haber sido electo, pretende imponer su voluntad arbitraria desde la Asamblea Nacional.
