Carol Munguía/Corresponsal [email protected]
CHINANDEGA.- Una persona murió cuando ingresó a robar plátanos a una finca rural. Las medidas de seguridad que se toman en las plantaciones bananeras se endurecieron y se registra la segunda víctima en lo que va del año.
Benito Antonio Zepeda Varela, de 31 años, fue alcanzado por el impacto de una bala de revólver calibre 38, marca Tauro, que le proporcionó Manuel de Jesús Cruz Anduray, de 38 años, miembro del cuerpo de vigilancia de la finca “La Permuta”.
Zepeda, en compañía de Iván Ríos Pérez y Juan Ramón Vanegas Arteaga, de 22 y 20 años, entraron a la propiedad de la doctora Zela Díaz de Porras para robar tres sacos de plátanos.
Al ser prevenidos del delito, “hicieron uso del machete para agredirme y tuve que defender mi vida”, reza en su declaración el autor del mortal disparo.
CALCINADO POR BUSCAR BANANOS
Recientemente, un hombre no identificado ingresó al Hospital “España”, con quemaduras de tercer grado y un 60 por ciento de su cuerpo calcinado por los efectos del contacto con cables de alta tensión colocados para evitar los robos en una de las bananeras instaladas en El Viejo. Sus compañeros de pillaje lo fueron a dejar al centro asistencial, y dijeron al personal paramédico “que buscaban un bocado para comer”.
En septiembre, Jesús Efraín Herrera Garmendia murió del disparo de una escopeta que le hicieron en la finca “La Palmira”. Máximo Meneses Juárez, cuidador de la propiedad, dijo que se llevaban cuatro sacos de bananos.
NO EXISTE ORDEN DE DISPARAR
Doña Reina Gasteazoro, dueña de la finca bananera Coquimba, expresó que “está prohibido el acceso a las fincas porque transmiten enfermedades que son letales a los plantíos, pero no existe orden de disparar, al menos en lo que a mi propiedad corresponde”, dijo.
Gasteazoro comentó que el robo es un daño material incalculable, pero lo es más cuando se lleva de afuera una enfermedad, pues se hacen esfuerzos para que todas las labores culturales se realicen con equipos de protección, pero negó que haya orden de disparar contra las personas, “no hay orden de hacerlo, ni voluntad, al menos en mi finca”, expresó.
