Benjamín Blanco [email protected]
La lucha contra la corrupción en Nicaragua ya no pasa inadvertida. El Diario de los Nicaragüenses fue galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el premio al mejor reportaje de periodismo de profundidad durante el año 2000, con el tema de los “checazos”.
El premio de la SIP fue recibido en Washington por el director de este rotativo, ingeniero Jaime Chamorro en octubre pasado.
El tema conocido como “los checazos”, fue realizado por los periodistas Roberto Fonseca, Eduardo Marenco y Jorge Loáisiga, quienes tras una investigación que duró casi cuatro meses e incluyó además de Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, lograron descubrir mecanismos de corrupción, favor político y también presión política, originada en la Dirección General de Ingresos (DGI).
Esta Categoría, auspiciada por The Miami Herald, fue compartida con cuatro periodistas, una mujer y tres varones, del diario El Comercio, de Lima, Perú, por la investigación sobre la falsificación de firmas, para la presentación ante la Junta Electoral de Fujimori, para una tercera presidencia.
DANZA DE MILLONES PERDIDOS
Con los reportajes de los “checazos” se denunciaron las irregularidades detectadas en la emisión de notas de crédito de parte de la DGI, a favor de instituciones y personas fantasmas, por el orden de los seis millones de córdobas.
La investigación periodística se dividió en dos partes: en la primera se revelaron las compras irregulares que realizó la DGI a empresas inexistentes, cuyas direcciones estaban relacionadas con el hermano de Byron Jerez, ex director de la DGI.
Los cheques de la DGI pasaban por Multicambios, e iban a parar en Asefinsa, presidida por Byron Jerez, o a empresas relacionados con su hermano.
En la segunda parte, la DGI triangulaba notas de crédito de Petronic a Iniser y otras instituciones públicas o privadas.
Con estas irregularidades el Estado perdió seis millones de córdobas.
LA PRENSA recibió constantes presiones por la publicación de estas investigaciones, incluyendo un reparo fiscal por seis millones de córdobas.
