Fernando Centeno [email protected]
En la Asamblea Nacional se encuentra pendiente un proyecto de ley sobre el tema de los delitos ambientales, denominado: “Ley sobre Delitos contra la Naturaleza y el Ambiente”, conteniendo 21 artículos, retomando en parte, el capítulo que sobre el mismo tema, aparece incluido en el proyecto de nuevo Código Penal, el cual todo parece indicar, quedará pendiente para su discusión y aprobación el próximo año.
Los objetivos de los proyectistas, es que, ante la lentitud con que marcha la aprobación del nuevo Código, deben tomarse medidas más urgentes contra las personas naturales o jurídicas que destruyen los recursos naturales, por medio de la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua y del ambiente por efecto de los desechos tóxicos, la caza y pesca de especies en extinción y una serie de anomalías que producen graves desequilibrios ecológicos en nuestro país.
La Constitución Política en su artículo 102, dice que “los recursos naturales son patrimonio nacional y por ello su dominio, uso y aprovechamiento se regula a través de leyes. Esto es así, porque es necesario que prevalezca el interés público antes que el interés particular”.
El Código Penal vigente desde hace más de un siglo, establece en varios de sus artículos, sanciones fuertes a quienes atenten contra los recursos naturales y los tipifica como delitos contra la propiedad, la economía, la industria y comercio, la salud pública, seguridad común y hasta califica algunos de terrorismo, imponiendo penas de prisión desde seis meses hasta doce años y multas hasta de cincuenta mil córdobas.
La Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales y su reglamento vigente desde julio de 1996, contiene infracciones y sanciones a quienes violen dicha ley, con multas y suspensión de actividades a quienes no cumplan con los planes de ordenamiento ambiental del territorio, a quienes realicen actos contaminantes, o no observen las restricciones ecológicas, así quienes establezcan industrias sin autorización, realicen proyectos habitacionales sin dejar áreas verdes, apilen pulpa de café, cáscara de arroz y otros residuos industriales en sitios que posibiliten la contaminación de suelos y fuentes de agua, quienes arrojen basura a las calles, solares, áreas verdes, etc., etc.
El proyecto del nuevo Código Penal incluye un capítulo completo para este tipo de delitos y tipifica en forma más explícita que el actual, los delitos de contaminación, depredación de la fauna, pesca y caza ilícita, incendios de vegetación natural, destrucción y degradación del ecosistema, explotación ilícita de los recursos naturales, etc. precisando más, las penas sobre faltas como la contaminación del aire como efecto de los escapes vehiculares, y delitos más específicos en los casos de contaminación industrial y otros acorde con el desarrollo tecnológico.
Para muchos legisladores el tema ambiental no es prioridad de la agenda parlamentaria. Quizás hayan leyes más importantes de carácter económico, sociales o políticas.
Mientras tanto, año con año, en nuestro país 150 mil hectáreas de bosques son convertidas en cenizas, los contaminantes naturales e industriales afectan nuestros ríos, lagos y lagunas, los deslaves se siguen produciendo en los inviernos copiosos provocando inundaciones y la pérdida del suelo; la basura se acumula en cualquier sitio de la ciudad, creando focos infectocontagiosos para la población; se agotan los acuíferos, se extinguen nuestras tortugas, tiburones y otras especies marinas y silvestres, en fin, una destrucción paulatina de nuestros recursos minerales, flora y fauna.
El problema en nuestro país no es ciertamente de leyes más drásticas, sino que las actuales se cumplan y esto sólo se puede lograr con una mayor participación ciudadana, que, como lo establece la Declaración de Río de Janeiro es “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales”.
Participación ciudadana, significa, acceso a la información, a la elaboración de normas, reglamentos, y leyes, tomar decisiones en la formulación de políticas sobre desarrollo sostenible; el acceso a la justicia. Participación ciudadana también es exigir el cumplimiento de derechos como los incentivos a exoneraciones fiscales a personas y empresas que se dediquen o impulsen actividades relacionadas a la conservación del medio ambiente, así como demandar incentivos financieros contemplados en la ley, de parte de quienes realicen donaciones a organismos ambientalistas o al Fondo Nacional del Ambiente, por cierto aún pendiente.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Ambientalistas de Nicaragua, APCAN, impulsa un amplio plan de capacitación y promoción del periodismo ambientalista, por cuanto son los medios de comunicación los que deben ser abanderados en la ingente tarea de salvar lo que aún queda de nuestros recursos naturales, para dejar a las futuras generaciones una Nicaragua ecológicamente sana.
El autor es directivo de APCAN
