María Luisa Azpiazu (EFE)
WASHINGTON.- Las organizaciones de defensa de las libertades civiles están decididas a ejercer un estrecho control sobre la forma en la que el gobierno va a aplicar la recién aprobada ley contra el terrorismo en Estados Unidos.
Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles, ha expresado su temor por la posibilidad de que los enormes poderes de control que esta ley ofrece a las autoridades, puedan ser usados arbitrariamente en contra de los ciudadanos.
“Queremos comprobar que podemos, al mismo tiempo, estar seguros y ser libres”, indicó Romero, cuya organización, como otras entidades hermanas, está especialmente preocupada por la forma en la que esta ley permite tratar a los inmigrantes.
La propia Casa Blanca se ha visto ya obligada a salir al paso de estos temores y ha tenido que negar que la ley antiterrorista perjudique a los inmigrantes.
Su portavoz, Ari Fleischer, aseguró que esta ley intenta perseguir a los terroristas, independientemente de dónde nacieron.
DETENCIÓN DE SOSPECHOSOS EXTRANJEROS
La ley, que fue firmada el viernes por el presidente, George W. Bush, señala que el fiscal general o el director de inmigración pueden establecer que un residente extranjero es sospechoso de estar implicado con el terrorismo.
Estas personas pueden ser detenidas por un período de hasta siete días, tras los cuales deben ser acusados formalmente o puestos en libertad, pero también pueden ser expulsados si han violado las leyes de inmigración.
Fleischer insistió en que la inmigración “es muy importante para el futuro de Estados Unidos”, pero reconoció que “la seguridad debe formar parte de la política migratoria”.
Esta ley, en opinión de los analistas, es también el exponente del profundo cambio de mentalidad que se ha producido en Estados Unidos tras los atentados, no sólo a la hora de dar más poderes al gobierno, algo respaldado por la mayoría de los ciudadanos, sino también por la extraordinaria rapidez y armonía con la que la ha aprobado el Congreso.
NUEVOS PODERES APLICADOS YA
Al fiscal general de EE.UU., John Ashcroft, le ha faltado tiempo para poner en marcha la ley en todo el país y, por tanto, inmediatamente comunicó a las 94 fiscalías de Estados Unidos y a las 56 sucursales de la Oficina Federal de Investigación (FBI) que comenzaran a aplicar la ley inmediatamente.
La discutida ley, que aumenta los poderes del gobierno federal hasta niveles impensables en este país hasta el 11 de septiembre, da a las autoridades nuevos poderes para realizar, a escala nacional, escuchas telefónicas, investigar correos electrónicos y registros en viviendas de sospechosos de terrorismo.
Estas posibilidades son también objeto de preocupación para los defensores de las libertades civiles, que temen que el gobierno las utilice a discreción.
La ley prevé, por ejemplo, que las autoridades puedan lograr de un tribunal especial el poder realizar escuchas telefónicas de los sospechosos, desde cualquier aparato que pueda utilizar (celulares, etc.) y no sólo del de su vivienda, como ocurría hasta ahora.
En lo que se refiere al control de los ordenadores y los correos electrónicos —que es equiparable según la ley, al de los teléfonos— las empresas del sector han expresado su preocupación, pero por el momento parece que van a esperar hasta ver en la práctica en qué se traducen los férreos controles cibernéticos.
CORREO ELECTRONICO BAJO VIGILANCIA
Según la ley, con una orden judicial las autoridades podrán obtener de los proveedores de Internet las direcciones y las horas de los mensajes electrónicos que envuelvan a sospechosos de terrorismo.
Algunos de los postulados más polémicos, a pesar de que el gobierno quería que tuvieran vigencia indefinida, sólo estarán en vigor hasta finales del 2005, cuando podrán ser renovados por el Congreso.
La ley también aumenta el tipo de delitos que se consideran terrorismo, endurece las penas por su comisión, e incluye un incremento de la capacidad para investigar los movimientos de dinero de organizaciones terroristas y vigilar las fronteras.
