Tal como se informó en LA PRENSA del jueves recién pasado, el ingeniero Enrique Bolaños, candidato presidencial por el PLC, descartó el jueves pasado “una posible negociación por debajo de la mesa con el candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega, ante un eventual empate electoral este próximo 4 de noviembre”. Y al día siguiente, Bolaños advirtió que las informaciones sobre una supuesta negociación libero-sandinista de los resultados electorales podría ser un rumor que han echado a rodar “los del otro lado”, o sea los sandinistas, quién sabe con qué intenciones.
Sin embargo, las noticias sobre una negociación libero-sandinista para un nuevo pacto del presidente Arnoldo Alemán con el líder del FSLN Daniel Ortega —esta vez sobre los resultados de las próximas elecciones y para el reparto de nuevas cuotas de poder—, se conocieron a partir de las reuniones que en verdad han sostenido a escondidas ambos líderes políticos, en las que acordaron resolver la crisis de la Corte Suprema de Justicia mediante la designación del magistrado liberal Iván Escobar como presidente del Poder Judicial, y del magistrado sandinista Marvin Aguilar como vicepresidente, así como el nombramiento del Fiscal General de la República.
Además, se conoce que las cúpulas del PLC y del FSLN han estado examinando los posibles escenarios políticos que podrían derivarse de un virtual empate en las elecciones del 4 de noviembre, o de que la diferencia resultara tan ínfima que el perdedor no quisiera reconocer el triunfo del adversario. Entre esos posibles escenarios estaría el de negociar un acuerdo libero-sandinista para reconocer sólo la elección de diputados y otorgar a la próxima Asamblea Nacional funciones constituyentes, la que nombraría un presidente provisional para mientras se redacta una nueva Constitución y se convoca a otra elección presidencial, con Arnoldo Alemán y Daniel Ortega como contendientes principales o únicos.
Nosotros no ponemos en duda la palabra del ingeniero Enrique Bolaños de que no está dispuesto a negociar y pactar los resultados de las elecciones. Pero no podemos decir lo mismo del presidente Alemán, quien, precisamente para conseguir apoyo sandinista a una constituyente que le permitiera la reelección presidencial, pactó en 1999 con el FSLN y le facilitó a Daniel Ortega la posibilidad de ganar la elección presidencial con sólo el 40% de los votos, e incluso con el 35%, aunque al final los sandinistas no aceptaran la Constituyente de Alemán y éste tuviera que conformarse con una diputación regalada y la dudosa garantía de que no será desaforado para ser sometido a juicio por acusaciones de corrupción y abusos gubernamentales. Además, nos parece sospechosa la intención de impedir que se divulgue de inmediato el resultado de un conteo rápido independiente, y nos preocupa que organismos internacionales avalen esa censura que pretende imponer el Consejo Supremo Electoral controlado por el pacto libero-sandinista.
La democracia no se cuida sola. Como lo advirtió Thomas Jefferson, el precio que se debe pagar por ella es la permanente vigilancia, de modo que no es sobrancero estar alerta ante el peligro de una negociación perversa de los resultados electorales del 4 de noviembre para desconocer la voluntad que el pueblo manifieste en las urnas de votación. La democracia es la única forma legítima de gobierno, precisamente porque se basa en la voluntad del pueblo que se manifiesta en elecciones periódicas libres y limpias. Por eso el voto de los ciudadanos es sagrado y no debe ser adulterado por nadie ni por nada.
Alguien tendrá que ganar en las elecciones del 4 de noviembre, y quiera Dios que la diferencia entre el vencedor y el segundo lugar sea al menos de 3 a 5 por ciento, para que a nadie le quepa duda del sentido de la voluntad popular mayoritaria. Pero aunque la diferencia fuese de un solo voto, el resultado tiene que ser respetado. Y el deber de los observadores internacionales no es apañar ninguna maniobra tramposa de nadie ni alguna negociación bajo la mesa para desconocer la voluntad popular. Su obligación es certificar el resultado de las elecciones —incluso con el conteo rápido hecho público de inmediato— y persuadir u obligar al perdedor a que reconozca el triunfo de su adversario en las urnas electorales.
