- Sobre inmuebles en poder del Estado, que fueron “vendidos” a la FACS días antes del traspaso de gobierno, se levantaron empresas del patrimonio sandinista, que tuvieron una vida empresarial incipiente.
Roberto Fonseca L.Karla [email protected]
CUARTA Y ÚLTIMA ENTREGA
Nacieron signadas por una especie de “maldición gitana”, que las llevó al fracaso empresarial. En ambos casos, Almacenes Americanos, S.A. (Almacena) y Distribuidora Santo Domingo, sus casas matrices se asentaron sobre propiedades “compradas” por la Fundación Augusto C. Sandino al Estado, vía Ley 85, y cerraron operaciones debido a acciones fraudulentas.
La sede central de Almacena, que inició operaciones en octubre de1995, funcionó sobre un lote de terreno urbano, al suroeste de Managua, de 1,500 varas cuadradas, que estaba en poder del Estado, pero que extrañamente en su historia registral no se indica si fue resultado de confiscación, expropiación o intervención. No hay un dato al respecto, ninguna referencia legal.
Sólo se indica que Alberto López y López se lo compró a Lidia Chamorro de Cabrera, Rafael Cabrera Chamorro y Violeta Cabrera de Bronner, transacción registrada el 28 de junio de 1962, bajo el número registral 42.923, Tomo 594, Folios 59/60.
Muchos años después, el 20 de abril de 1990 —cinco días antes del traspaso de poder a la presidenta Violeta Barrios viuda de Chamorro— se indica que la Fundación Augusto C. Sandino (FACS) se la “compró” al Estado. Supuestamente a las siete de la noche, bajo los oficios notariales del licenciado Jacinto Obregón Sánchez, abogado y notario, cuyo nombre está ligado también a la creación de un sinnúmero de sociedades anónimas de papel, encabezadas e integradas por personajes allegados a Bayardo Arce.
De acuerdo con la historia registral de dicha propiedad, obtenida por el equipo investigativo de LA PRENSA, la propiedad fue inscrita el 4 de octubre de ese año, como segundo asiento.
Pocos meses después, el 10 de enero de 1991, según la historia registral, la FACS se la “vendió” a Servicios Aduaneros, S.A., de acuerdo a escritura elaborada —de Ripley— por el mismo abogado y notario, Jacinto Obregón Sánchez.
EL ÁLBUM FAMILIAR DEL INTERBANK
El presidente de Servicios Aduaneros, S.A., inscrito el 31 de julio de 1990, es Javier Bone Pantoja, ex funcionario de Cooperación Externa en los años 80, con inicialmente 40 acciones, quien también aparece como socio y directivo importante del desaparecido Banco Intercontinental, S.A. (Interbank), donde fungía como Secretario de la Junta Directiva.
En calidad de socios aparecen: Rosa Argentina Quezada, ex asistente de Bayardo Arce, con 30 acciones, y Mora Flores River, con 30 acciones. Cinco años después, el 16 de enero de 1995, se cambió el objeto de la sociedad y la Junta Directiva, quedando siempre a la cabeza Javier Bone Pantoja, con un paquete ahora de 100 acciones, junto a Ramón Gallo Castillo, con 35 acciones, quien también aparece como socio del Interbank. Este último tenía el cargo de vigilante en la directiva del Interbank.
Otros socios y directivos del Interbank, son Samuel Santos, ex Director de Finanzas del FSLN al final de los años ochenta y actual Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, y Edwin Zablah, Director de la FACS, ONG favorecida con “donación” y “compras” de propiedades estatales valiosas, a los pocos días del traspaso de poder en abril de 1990.
COMO EL TITANIC
De todos ellos, Javier Bone Pantoja es el único que aparecía como miembro de la Junta Directiva de Almacena, la empresa aduanera que abrió operaciones en octubre de 1995 y que cerró de forma “indefinida” por órdenes de la Superintendencia de Bancos, desde agosto de 2000, tras descubrirse que los certificados y bonos de prenda en su poder, otorgados en garantía de prenda por el grupo Consagra, de los hermanos Centeno Roque, no valían ni un peso.
Sus bodegas estaban cargadas de “arroz de granza”, en lugar de sacos de café de primera, para la exportación. Se vino entonces a pique. Los años anteriores —98 y 99—había reportado ganancias anuales de 1,130,000 córdobas y 297,000 córdobas, respectivamente.
EL MUNDO ES UN PAÑUELO
Sobre otra propiedad en poder del Estado, pero también en el limbo jurídico, surgió la empresa Distribuidora Santo Domingo, bajo la razón social denominada International Trading Group S.A., registrada el 12 de junio de 1990, bajo los servicios notariales de Luis Vanegas Pacheco.
Su objetivo se definió así: “Prestación de servicios, comerciales, industriales, bursátiles, adquisición y venta de acciones en sociedad”. En calidad de presidente se reportó a Adonias Palacios Rocha, con 35 acciones, y a Wáscar Lanzas Bermúdez, con 20 acciones, como vicepresidente. Este último, a febrero de 1990, fungía como director de la Empresa Nicaragüense de Abastecimiento (Enabas).
La sede central de la Distribuidora, así como sus primeras bodegas, se ubicaron sobre un terreno originalmente semiurbano, situado en el antiguo Barrio El Recreo, propiedad de Germán Saborío Morales, quien se lo compró a Celina Valle de Ibarra, según escritura que data de septiembre de 1968.
Del segundo asiento registral de dicha propiedad, se desprende que el Estado se la “vendió” a la misma Fundación Augusto C. Sandino, de nuevo vía Ley 85, según escritura pública del 9 de abril de 1990, en el período de transición de gobierno. El abogado y notario, una vez más, fue Jacinto Obregón Sánchez.
Poco después, en septiembre de 1990, la FACS se la “vendió” a la Fundación Popol-Na para la Promoción y Desarrollo Municipal, que lidera Mónica Baltodano, actual diputada sandinista.
La Distribuidora Santo Domingo tuvo su auge como empresa importadora y comercializadora de granos básicos —sobre todo de arroz— a inicios de los noventa, antes que se gravara el arroz importado. Según fuentes consultadas, llegaron incluso a realizar operaciones de compra-venta de hasta 5,000 toneladas desde Vietnam, lo que requería de financiamiento de hasta 1,000,000 dólares.
Estos recursos, en dos operaciones, fueron obtenidos en gran parte por una corporación comercial que dirigía Bayardo Arce, actual candidato sandinista a diputado nacional. La operación involucraba a Panamá, París, Vietnam y Managua. El operativo era Wáscar Lanzas, quien años después huiría a Estados Unidos, dejando burlados a sus socios.
DUEÑA POR UN DÍA
Un caso digno de Ripley es la historia registral del lote de 2,665 metros cuadrados, en Los Robles, que fue adquirido por Carla Patricia Martínez Muñoz por “donación” del procurador general, Omar Cortez, conforme Ley 85, el 20 de abril de 1990.
Sólo la tuvo en su poder un día, ya que el 21 de abril del mismo año, se la compró Amelia Ibarra, esposa del diputado Bayardo Arce, según escritura del abogado y notario Jacinto Obregón.
Años después, en un cuarto asiento registral, se plantea que Amelia Ibarra se la vendió a la sociedad anónima denominada Ecosistemas Económicos de Energía, de acuerdo con escritura de Ivonne Astrid Cruz, asistente de Bayardo Arce.
Al equipo investigativo de LA PRENSA le resultó imposible localizar la razón social Ecosistemas Económicos de Energía, S.A., en los registros públicos.
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