- También fue sobreseído el empresario Ronald Calero
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
El director de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), Salvador Quintanilla Vanegas, y el empresario Ronald Calero Lara, fueron sobreseídos definitivamente de los delitos de estafa, defraudación, malversación de caudales públicos, fraude y falsificación de documentos públicos y auténticos.
Quintanilla Vanegas y Calero Lara fueron investigados por la jueza cuarto de Distrito del Crimen de Managua, Vanesa Chévez, luego que la empresaria Blanca López Mendoza los acusó de haber falsificado su firma para hacerla aparecer como suscriptora de un adéndum del contrato de construcción que la empresa Instalinex, propiedad de Calero Lara, supuestamente había firmado con el ingeniero Quintanilla para realizar obras complementarias.
Dichas obras adicionales consistían en roturas de superficie, excavaciones, demoliciones, instalación de ductos, restauraciones diversas, construcción de pozos y cajas, todo valorado en 324,688.83 dólares.
CGR DESCUBRIÓ FALLAS
La supuesta defraudación, estafa y malversación de caudales públicos habría sido descubierta en enero pasado por una auditoría practicada por la Contraloría General de la República (CGR), que investigó irregularidades acaecidas en Enitel.
La investigación de la CGR determinó que nunca se hizo alguna obra adicional a la establecida en el contrato original
Chévez determinó que durante la investigación que ella impulsó no se corroboraron los indicios que contenían las diligencias levantadas por la Policía, referidas a que las firmas plasmadas en el reverso de los cheques 20737 y 1193137 no coincidían con las de López Mendoza.
Ante esa falta de comprobación, asegura la judicial, las diligencias policiales sólo tienen el valor de “presunción humana”, y, por tanto, no puede condenarse a persona alguna.
DESAFORTUNADA COINCIDENCIA
Por esa razón, los peritajes que esa autoridad realizó deben tenerse como simples indicios que no constituyen plena prueba sobre la existencia de ningún cuerpo del delito, refiere la judicial.
Otros argumentos apuntan a que los particulares no cometen malversación de caudales públicos ni fraude, sólo los funcionarios o empleados públicos, entendiéndose por éstos a los que prestan servicio o desempeñan una labor dentro del campo del derecho público, lo que para Calero Lara no es el caso.
Según López Mendoza, Calero Lara retiró en su nombre varios cheques por “diversas y gruesas sumas de dinero” valiéndose de Blanca López Mairena, su “empleada obediente” que por coincidencia tiene un nombre casi igual al suyo.