Carlos Alberto Montaner
Hay algo más importante que capturar a Bin Laden: castigar al Estado afgano por su complicidad con la banda terrorista. Apresar a Bin Laden y ejecutarlo por sus crímenes o matarlo en combate, no va a disuadir a otros lunáticos de su cuerda religiosa, pero acabar con la dictadura de los talibanes, destruir sus Fuerzas Armadas e instalar en Kabul a un gobierno responsable de cuidar el orden en su territorio, es un mensaje muy claro para los estados que deliberadamente albergan y alientan a los terroristas.
El asunto es relativamente simple: para que existan los Bin Laden de este mundo —las FARC de Colombia, los etarras vascos, el IRA irlandés, el HAMAS palestino y el resto de esas tribus furiosas— necesitan del respaldo de ciertos estados complacientes que les proporcionan parada y fonda. Es en ellos donde establecen la retaguardia, los campos de adiestramiento, las redes financieras, y es allí donde se curan las heridas y planean nuevos ataques. Ningún Estado puede permitir —y mucho menos ayudar— a grupos armados dedicados a agredir a otras naciones, y el que lo hiciere debe sufrir todo el peso de la ley y aceptar que va a ser objeto de severas represalias. No hay ninguna garantía de que la desaparición de esos apoyos impediría totalmente la actuación de estas pandillas clandestinas, pero no hay duda de que se reduciría notablemente su eficacia.
En el año 1731 el barco Rebecca, de la marina mercante inglesa, fue detenido en aguas internacionales por guardacostas españoles, y a su capitán, Robert Jenkins, le cortaron una oreja como forma sangrienta de humillación. El primer ministro británico Robert Walpole pidió explicaciones a la Corona española y exigió el castigo de los culpables, pero la Cancillería madrileña se limitó a alegar que los marinos habían actuado por su cuenta y riesgo. Finalmente, sin entusiasmo, pero convencido de que no había otra salida que el castigo del Estado cómplice, Walpole declaró la guerra a España en 1739, y su flota se apoderó de Porto Bello en Panamá, mientras otras unidades, con mayor o menor éxito, atacaron San Agustín en Florida y Cartagena en Colombia. Lo importante no era el insignificante cartílago rebanado al desafortunado señor Jenkins —una persona notoriamente fea con o sin orejas—, sino el principio de que una nación no podía impunemente amparar actos contrarios a la ley internacional.
Lamentablemente, como consecuencia de la Guerra Fría, se relajó de manera notable esta saludable tradición de exigirles a los Estados responsabilidades por la actuación de las bandas supuestamente independientes. Amparados por el paraguas soviético, y escudados en la parálisis de la estrategia de “mutua destrucción”, a lo largo de casi cincuenta años proliferaron de manera creciente decenas de asociaciones de criminales, unas veces inspiradas en la ideología, otras en el nacionalismo, e, incluso, en la fe religiosa. Sólo así se explica que en La Habana, a bombo y platillo, en 1966, ante los periodistas del mundo entero, se creara la Tricontinental, una verdadera internacional terrorista en la que se daban cita montoneros, tupamaros, miricos, miembros del IRA, de la OLP —entonces más violentos que ahora—, y combatientes de todas las guerras, siempre y cuando militaran en el bando enemigo de Occidente.
Cuando hoy se mira retrospectivamente, parece asombroso que el gobierno argentino nunca le reclamara a Castro su conocido contubernio con el secuestro del empresario Bohr, y el hecho de que los 62 millones de dólares producto de aquella fechoría fueran “lavados” en La Habana, o que ni siquiera reaccionara airadamente cuando se supo que las armas y los planes para el asalto al cuartel de La Tablada, en 1988, los había proporcionado Cuba. Más desconcertante todavía es que los asesinos del senador chileno Jaime Guzmán hayan encontrado refugio en Cuba sin que las autoridades chilenas siquiera hayan acusado oficialmente a Castro de protegerlos, o que el presidente Pastrana no deje de abrazarse con el dictador caribeño, la persona que más ha contribuido al fortalecimiento de la narcoguerrilla colombiana que todos los días secuestra o mata a decenas de sus compatriotas. ¿Pero cómo exigirles una respuesta vigorosa a argentinos, chilenos y colombianos, cuando los propios Estados Unidos, en 1980, durante la seráfica etapa de Jimmy Carter, aceptaron callados y acobardados que Fidel Castro volcara sobre las calles de Estados Unidos más de cinco mil sicópatas y endurecidos criminales comunes, sacados de las peores cárceles e infiltrados en medio de la marea humana del llamado “Éxodo del Mariel”, aquellos 130,000 desesperados cubanos que entonces huyeron a bordo de cualquier cosa capaz de flotar.
Fue Ronald Reagan quien primero se atrevió a romper con ese penoso estado de indefensión, castigando a Gadafi con un ataque aéreo por su participación en actos de terrorismo contra aviones civiles norteamericanos, y el resultado de aquella acción tuvo un saldo evidentemente positivo: desde entonces este delirante camellero del desierto ha moderado sustancialmente su comportamiento. Ahora George W. Bush, tras los hechos del 11 de septiembre, se ha puesto el casco y ha salido a vengar los agravios. Benito Juárez definía la paz como consecuencia del respeto al derecho ajeno. La experiencia indica que más bien es el resultado del temor a un castigo bien merecido.
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