Janelys Carrillo Barrios [email protected]
La juez Octavo de Distrito del Crimen de Managua, Rafaela Urroz, quien dictaminó que el Juez Suplente Séptimo de Distrito del Crimen, Edgard Altamirano, tuvo interés personal en la causa incoada contra el ex director de Migración y Extranjería José Rivas, retuvo el expediente del caso en su poder, generando un fuerte malestar a su colega, Sabino Hernández.
El descontento de este último, quien ostenta la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen, deviene de la decisión de Urroz de radicar el expediente en su judicatura para seguir conociendo el caso, en vez de devolvérselo a él para que lo siga tramitando.
“El fallo es sorprendente, la señora juez pasó por encima de la autoridad de este judicial”, indicó Hernández, al explicar que la causal de implicancia por la que se acusó a su suplente terminó cuando él reasumió el cargo.
DICTÓ SENTENCIA ESTANDO RECUSADO
A inicios de octubre, el juez suplente Altamirano giró orden de captura contra el ingeniero Rivas, acusado de los delitos de infidelidad en la custodia y falsificación de documentos públicos, orden que según Heberto Orozco, abogado del procesado, no podía girar porque con antelación había sido recusado.
Sin embargo, Altamirano redactó la sentencia en que dictó auto de segura y formal prisión contra el ex funcionario de Migración y giró la orden de captura, actuación que la juez Urroz interpretó como de manifiesto interés personal en la causa.
Ante esa decisión, el juez titular Hernández esperaba que le devolvieran el expediente, pero su colega Urroz decidió quedarse con él y resolver con posterioridad una petición para que se anule todo lo actuado contra Rivas, incluyendo si hay mérito para que siga vigente la orden de captura girada contra él por el juez suplente.
JUEZ RAZONA DECISIÓN
A la pregunta de que si cabía o no la recusación contra Edgard Altamirano, la jueza Rafaela Urroz aseguró que un juez puede ser impugnado en cualquier momento del juicio, salvo que se disponga a dictar sentencia definitiva sobre el caso.
De acuerdo con la defensa del ingeniero José Rivas, la mayor prueba de la implicancia o interés que Altamirano tenía en afectarlo, se deriva de su decisión de dictar sentencia en su contra cuando ya había sido impugnado y sin tener facultad para hacerlo, porque la Corte Suprema de Justicia no lo había autorizado a asumir el cargo de Hernández, sino hasta horas después. Altamirano, por su parte, negó tener interés personal en el caso.
