- Gastos operativos correspondientes a septiembre aún no han sido transferidos
Amalia Morales [email protected]
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desde ya resiente los problemas presupuestarios del gobierno. Sus 60 trabajadores aún no reciben el pago de este mes, y desde el pasado esperan la partida de los gastos operativos.
Orlando Bonilla, director administrativo de la PDDH, dijo que la transferencia de pago se suele hacer los 10 de cada mes, como ocurre con el resto del Estado, pero hasta ayer no les habían pagado.
También hay atrasos con la partida de gastos operativos (combustible, pago de papelería, teléfono, electricidad). Bonilla contó que aún no les entregan los fondos correspondientes a septiembre.
HASTA LA LUZ QUERÍAN CORTARLES
Julián Corrales, Subprocurador, dijo que hace unos días tuvieron que hacer una negociación de pago con la distribuidora de electricidad Unión Fenosa, que intentó cortarles el servicio por mora.
La situación para la Procuraduría podría empeorarse el próximo año, si el Estado nada más les asigna 13 millones de córdobas, como extraoficialmente le han confirmado al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Benjamín Pérez, según señaló.
Para el 2002 la PDDH proyectó una partida anual de 23 millones y medio de córdobas, pero la tendencia es que reciban una cantidad similar a la de este año, según reconocieron ayer los procuradores.
Aunque los candidatos políticos en estas elecciones han dicho que de ganar reformarían el presupuesto, Carlos Emilio López, Procurador de la Niñez y la Adolescencia, dijo que no se puede estar esperanzado a lo que el gobierno tiene que responder por obligación.
El Subprocurador llamó la atención sobre la disminución de presupuesto que se quiere aplicar con las instituciones fiscalizadoras de los Derechos Humanos, en su caso, y de la Contraloría General de la República, que también sufriría una merma en su asignación anual.
Los procuradores instaron a las bancadas políticas de la Asamblea Nacional a que demuestren que en Nicaragua existe un Estado de derecho.
