Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Procuraduría de Justicia pedirá a un juez que ordene romper el sigilo bancario en el Banco de Crédito Popular (BCP) para que la Contraloría General de la República (CGR) conozca detalles sobre el destino de unos 37 millones de córdobas que fueron otorgados en créditos y ahora están clasificados como créditos “E”, o irrecuperables.
Esa información es vital para determinar las causas y situaciones que llevaron a la quiebra del banco, debido a que los créditos vencidos al 31 de diciembre de 1999 fueron de unos 37 millones y medio de córdobas.
El Banco de Crédito Popular cesó operaciones el dos de enero del año 2000 por decisión de la Superintendencia de Bancos debido a que llevaba dos años de incumplimientos continuos de las normas establecidas para el Sistema Financiero.
Julio Centeno Gómez, Procurador de Justicia, confirmó a LA PRENSA que hoy a las nueve y treinta minutos de la mañana introducirá en el Juzgado Tercero Civil de Distrito, la demanda contra las autoridades de la Junta liquidadora del Banco de Crédito Popular para que se rompa el sigilo bancario.
Hasta el mes pasado el presidente de la Junta liquidadora del BCP era Otoniel Ruiz Armijo, quien se negó a dar la información requerida a la CGR respecto a los expedientes de la cartera de crédito clasificada como “E”, que está siendo cobrada administrativamente.
“Nos vamos a presentar al Juzgado Tercero Civil a demandarlos, siguiendo el procedimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría y la nuestra. Al parecer estas personas que están a cargo de la liquidación del Banco de Crédito Popular se han negado a proporcionar información a la Contraloría para conocer las razones de la quiebra de ese banco”, dijo Centeno vía telefónica.
En días pasados la Contraloría envió a la Procuraduría una solicitud para que se acuda por la vía judicial contra Ruiz Armijo y la Junta Liquidadora del BCP por negarse a brindar la información requerida por la CGR.
Ruiz Armijo fue nombrado recientemente presidente de la Junta Liquidadora del Banco de Industria y Comercio.
LA CARTA DE LOS CONTRALORES
En su misiva los contralores señalan que “en lo relacionado con los expedientes de la cartera de crédito clasificada como “E” que actualmente está siendo cobrada administrativamente por el BCP, Ruiz Armijo expresó que estos documentos están sujetos a las normas y leyes que regulan el Sigilo Bancario (Arto. 109 de la Ley 314 o Ley General de Bancos) por lo que no es posible ponerlas a la disposición de la CGR.
Por ello los contralores invocando el artículo 80 de la Ley Orgánica de CGR solicitaron al Procurador que entable la demanda judicial correspondiente.
“De acuerdo a lo expresado y ante la negativa del presidente ejecutivo del Banco de Crédito Popular de suministrar la mencionada información requerida para nuestro análisis de auditoría, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, en sesión ordinaria número 178 de las nueve de la mañana del día 11 de septiembre del 2001, resolvió por unanimidad de votos concurrir ante la Procuraduría General de Justicia, amparado en el artículo 80 reformado de la Ley Orgánica de nuestra institución a efecto de solicita la documentación pertinente por la vía judicial respectiva”, dice la carta enviada por los contralores al Procurador Centeno.
