Carlos A. Cerda
La justicia penal nicaragüense continúa funcionando con métodos y mecanismos propios de los regímenes autoritarios. Es ejercida por jueces que gozan de múltiples facultades, razón que los lleva a convertirse en verdaderos dioses y señores de los procesos penales.
Las dictaduras que asolaron nuestra querida América Latina, utilizaron el llamado proceso penal inquisitivo, como un medio más de represión. Un proceso secreto y oscuro que concede mayor importancia a los formalismos y ritos, transformándose así en una “misa jurídica”, donde casi nunca asisten los delincuentes de cuello blanco, y la justicia al servicio de los pobres sólo es una aspiración muy lejana.
Apreciable lector: ¿por qué cree usted que únicamente hay sólo un detenido en los bochornosos casos de quiebras bancarias?
Álvaro Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua, y Noel Pereira Majano, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, han reconocido expresamente que: “…en Nicaragua los pobres no tienen acceso a la justicia”. Los formalismos en el proceso penal generan desigualdad.
Nuestras normas procesales son obsoletas, no están a tono con la nueva realidad política, social y económica que viven Nicaragua y el mundo entero, pero lo peor, es que son una clara ofensa y una burla a nuestra Constitución y a las normas jurídicas de orden internacional que nuestro país ha reconocido.
En estos momentos se está escribiendo una de las páginas más importantes en el libro de la historia nicaragüense, se está debatiendo el Proyecto de Código Procesal Penal, una propuesta civilizada que plantea un proceso penal acusatorio que garantiza: la imparcialidad del juez, el ejercicio legítimo de la defensa, la celeridad del proceso y la transparencia en la administración de justicia.
El Poder Judicial es el alma y motor de la democracia, pero la democracia sólo puede ser realidad cuando hagamos de ella una forma de vida.
La solución a la crisis que vive el sector justicia en Nicaragua, no sólo depende del cambio de normas jurídicas, sino también del cambio de mentalidad de todos. Sociedad y gobierno. Alexis de Tocqueville, en su libro Democracia y Sociedad, plantea una gran verdad: “La democracia no puede funcionar sin que predomine entre las personas la amistad, el respeto, él diálogo, la tolerancia, la exclusión del insulto, de la fuerza bruta y la violencia”.
La cultura democrática sólo puede ser alcanzada a través de la educación. Pericles, el político griego, expuso: “La esencia de la educación es aprender a convivir, dominar los instintos, respetar la dignidad de los demás y desechar la imposición o la fuerza”.
Según las concepciones contemporáneas la educación es: “La formación de actitudes, hábitos y saberes que ayudan a evitar, combatir y superar la violencia, la intolerancia, el egoísmo y la ignorancia”. (Ricardo Diez Hochleitner).
La democracia es propicia por una justicia pronta, accesible, eficiente, cumplida y transparente. Afortunadamente, éstos son los pilares que fundamentan al Proyecto de Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Me despido con la frase de un jurista a quien admiro y respeto mucho.
¡No hay democracia de calidad, sin ciudadanos de calidad!
El autor es estudiante de Derecho en la UCA y directivo de un colegio privado.
