Eduardo Enrí[email protected]
Para finales de la década de los 80 se puso de moda una canción, un merengue dominicano creo, que hablaba de un tipo que era tan feo que no tenía remedio y lo mejor era borrarlo para volverlo a hacer. Así de feas han quedado nuestras instituciones del Estado, reducidas a grotescas caricaturas de lo que deberían ser si en realidad actuaran de acuerdo a la Ley y no de acuerdo a las órdenes de los caudillos.
La Corte Suprema de Justicia se llevó esta semana el premio mayor con la decisión de rechazar los recursos contra la venta de Enitel, pero no es la única institución que ha sido puesta en ridículo por sus titulares.
En el caso de la Corte, tan grave es que la magistrada Josefina Ramos haya diseñado una sala constitucional a la medida de las necesidades del Ejecutivo, como que la causa de la airada protesta de los magistrados marginados se deba, no a que se haya violentado el proceso, sino a que no tuvieron la oportunidad de defender los intereses de su partido. Hay que recordar que quien ha llevado la batuta en la protesta es el magistrado Rafael Solís, quien en su momento no tuvo empacho en decir que llegaba a la Corte a eso, a defender los intereses sandinistas.
La verdad, no hay de qué asustarse. Esta situación ya se adivinaba desde mediados de 1998, cuando se comenzó a fraguar el Pacto. En aquel entonces, el candidato perpetuo del Frente Sandinista, Daniel Ortega, demandaba una cuota de magistrados en la Corte —y en el Consejo Supremo Electoral y en la Contraloría— y eso fue el Pacto.
Esa lógica del Estado como botín que debe ser repartido entre los caudillos niega el principio en que está basada la República, que es la independencia de los poderes y el famoso “checks and balances” de los estadounidenses, lo que aquí se le llama “pesos y contrapesos”.
Ahora podemos ver con toda claridad los resultados. No es lo que decían, que el Pacto haría que los Poderes fueran más ágiles y eficientes, son más partidarizados, ineficientes y corruptos porque cada grupo hala agua hacia su molino y busca la manera de ganarle la partida al otro, por encima de las leyes si es necesario.
Ese triste papel no es exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, por él han pasado el Consejo Supremo Electoral cuando le tocó eliminar por cualquier razón, y a veces hasta sin razón, a los aspirantes a candidatos a la Presidencia. La Contraloría en el caso de los checazos de Byron Jerez, o Geninsa o este último caso del Banic, en el que todo el mundo conoce ya la famosa auditoría interna, menos “el órgano superior de control”, que todavía sigue esperando que se la envíen para poder comenzar a investigar un caso del que desde hace dos años se han publicado pruebas en los diarios sobre el descomunal saqueo que se realizó.
Pero tal vez el caso más patético es el de la Asamblea Nacional, que debería ser el Primer Poder del Estado, pero sumisamente baja la cabeza ante el Ejecutivo y el jefe del Partido de la oposición. El problema allí es que esos señores no están ni siquiera conscientes del poder que tienen en sus manos.
La prueba son las declaraciones de hace unos días del secretario de la Junta Directiva del Parlamento, Pedro Joaquín Ríos, quien justificaba así el apoyo de los liberales a la candidatura del doctor Julio Centeno Gómez a la posición de Fiscal de la Nación:
“Nosotros somos gente de partido y en el CEN han tomado una decisión, recuerde que encima de nuestra bancada está el partido”. ¿Y los intereses de la ciudadanía? ¿No importa que el Dr. Centeno Gómez tenga un récord de obediencia ciega a los intereses políticos del Presidente de la República? ¿No encuentran ellos contradictorio elegir como Fiscal, como representante de la Sociedad, a alguien que es tan sumiso ante el poder? No. Si esa sumisión es para ellos un mérito, no una desventaja. Y ésta es la gente que criticaba al Frente Sandinista por aquello de “Dirección Nacional, Ordene”. ¡Si están igualitos!
La verdad, habría que borrarlos y volverlos a hacer.
El autor es periodista
