José A. Poveda
Es cada vez más frecuente que a los miembros del equipo de la dirección superior de una universidad acudan profesores o investigadores, con la pretensión de proteger por medio del derecho de propiedad intelectual los resultados de las investigaciones realizadas, para plantear problemas relacionados con la discusión de los derechos de la propiedad industrial e intelectual, dentro de la negociación de un contrato de investigación con empresas o entidades externas a la universidad.
Para comprender esta situación hay que considerar que la propiedad intelectual, entendida en sentido amplio e incluyendo la propiedad industrial y el derecho de autor, es el instrumento jurídico que permite proteger algunos de los resultados de la investigación. Es decir, que las diversas modalidades de la propiedad intelectual pretenden asegurar que quien ha realizado una creación intelectual tenga la exclusiva sobre la explotación comercial de la misma, impidiendo que esa creación pueda ser copiada por personas no autorizadas para ello.
Cualquier resultado de la investigación exige inversiones importantes para el desarrollo necesario hasta la explotación en serie o masiva a nivel de mercado. Por otra parte, hay que invertir también para introducir el nuevo producto en ese mismo mercado y darlo a conocer a la eventual clientela.
Pero ninguna empresa está dispuesta a hacer tales inversiones, si una vez que ha conseguido introducir el nuevo producto en el merado, este puede ser comercializado por cualquier empresa competidora, que tendrá, además, la ventaja de no haber tenido que hacer la misma inversión.
Está demostrado que las empresas sólo están dispuestas a invertir en el desarrollo y comercialización de un producto si tienen la seguridad de que podrán explotarlo en exclusiva durante cierto tiempo, para compensar y obtener beneficios por la inversión realizada.
Resulta que si no se protegen los resultados de la investigación universitaria por medio de derechos de propiedad intelectual, ninguna empresa estará interesada en desarrollar y comercializar esos resultados, con la consecuencia lamentable de que tales resultados quedarán sin ser explotados y sin beneficiar a la sociedad.
Si se pretende que los resultados de la investigación universitaria se difundan y sirvan realmente para beneficiar a la sociedad, lo más rápidamente posible, es necesario protegerlos por medio de la propiedad intelectual. Desde otro punto de vista, es sobradamente conocido que en la inmensa mayoría de los casos, cuando se pactan contratos de investigación entre las universidades y entidades del sector productivo, éstas exigen que los resultados que se obtengan sean objeto de protección.
La colaboración entre las universidades y la industria es necesaria. La universidad agrupa en su seno las fuerzas vivas de la creación, las cuales son capaces de transformar y labrarse un futuro mejor, base fundamental de toda reforma universitaria y bienestar del hombre en su integridad. La industria moderna vive de la creatividad para el descubrimiento de nuevas ideas, por lo que es natural que ésta recurra a las facultades, a las universidades y a las escuelas superiores puesto que ellas cuentan con cuerpos docentes, con investigadores universitarios, con capacidad reflexiva analítica y científica para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Por otro lado, la universidad necesita contactos directos con los empresarios e investigadores de la industria, dado que el conocimiento y la experiencia de las dificultades concretas de la tecnología, producción y de la prospección mercantil alimentan su reflexión, enmarcada en la teoría y en las investigaciones fundamentales. La cooperación con el mundo práctico abre a la universidad las puertas de acceso a la vida real.
Vicedecano de la Facultad de Derecho,
UNAN León.
