José Luis Medal
Los partidos políticos tienen muy reducido margen de acción en lo concerniente a la estrategia económica. De hecho la estrategia económica de Nicaragua de los próximos 5 años estará determinada en gran medida por los siguientes elementos: 1) El acuerdo que se logre a inicios del próximo año con el FMI. Ello definirá la programación monetario financiera de los próximos años, 2) La necesidad de reducir el déficit fiscal y el grave desequilibrio externo. Ello es incompatible con la expansión del gasto público y reducción de impuestos, que propone el FSLN, 3) La implementación del Programa de Inversiones Públicas, que en buena parte ya está definido para los próximos tres años. 4) La implementación de la denominada estrategia reforzada de combate a la pobreza, y 5) las negociaciones del ALCA, las que vendrán a reforzar la estrategia de apertura externa.
No hay mucho margen de maniobra que permita modificar la estrategia de desarrollo, y es conveniente que así sea. Como se sabe, en la década del noventa se desmanteló el intervencionismo estatal y el proyecto socializante de los años ochenta y se definió, que correspondía a las fuerzas del mercado y al sector privado, el papel protagónico en el crecimiento económico. Al Estado se le asignó un rol de facilitador. Sus tareas centrales eran intentar lograr la estabilidad macroeconómica, combatir la pobreza y crear el marco institucional favorable al crecimiento. A nivel macroeconómico, las políticas se centraron en acuerdos ESAF con el FMI y en los últimos años, en intentar lograr las ventajas de la HIPC. A nivel microeconómico, se eliminaron los controles de precios, los controles al comercio, y el intervencionismo estatal, y se asignó al mercado el papel fundamental en la asignación de recursos.
La estrategia económica, enfatizó en los años noventa el desarrollo hacia fuera y la apertura comercial, reduciéndose sustancialmente, en el período 1990-2000, los aranceles a las importaciones. Paralelamente tuvo lugar un proceso de privatización de empresas estatales y una retirada gradual del Estado, incluso en áreas que le eran antes tradicionales. Ya desde los años ochenta, a nivel internacional, se había rechazado la estrategia de desarrollo hacia adentro que promovió la CEPAL, y se enfatizó, en el marco de una creciente globalización, la apertura hacia fuera y el regionalismo abierto. Con el derrumbe del bloque del Este, desapareció también la opción más estatizante. El denominado neo-liberalismo y las políticas del llamado Consenso de Washington —que han incluido recientemente el combate a la pobreza—, se transformaron en una especie de receta estándar en América Latina, y Nicaragua no ha sido la excepción a la regla, ni podrá serlo en el futuro, independientemente de quien resulte ganador en las elecciones, aunque el problema para el FSLN es que estas políticas neo-liberales, no son compatibles con su paradigma ideológico.
Lo señalado no implica que no existen serios problemas en la implementación de la nueva visión económica. A nivel macroeconómico, se ha abultado el desequilibrio externo, en parte como resultado de un tipo de cambio sobrevaluado y de sesgos antiexportadores que persisten. Las fraudulentas quiebras bancarias han agotado las reservas internacionales, persiste una elevada tasa de desempleo, y un déficit fiscal insostenible. El gobierno actual, más que liberal, ha sido en esencia un ente patrimonialista o prebendario. El país sobrevive gracias a la cooperación internacional y a las remesas familiares. Estos fracasos, no deben implicar, ni mucho menos, un rechazo a la estrategia global de desarrollo, basada en las fuerzas del mercado. Otros experimentos neoliberales —como el caso de Chile en los ochenta—, muestran que existen dentro de la estrategia global diseñada errores de política y problemas de implementación, lo que no debe conducir en manera alguna a echar al traste la estrategia global de desarrollo iniciada desde 1990. En todo caso, esa posibilidad, ni siquiera existe en Nicaragua. Las condicionalidades de los organismos internacionales, hacen ineludible continuar implementando las políticas del Consenso de Washington, las que en todo caso resultan de todas maneras las más convenientes para el país. Aunque los partidos políticos, hasta la fecha, no han presentado una visión global de su estrategia de desarrollo, quiérase o no la estrategia económica neo-liberal seguirá siendo dominante en los próximos años.
El reto que tienen los partidos, más que en pretensiones de originalidad sobre la estrategia de desarrollo, es presentar propuestas concretas que garanticen una administración honesta y transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos y presentar un programa integral —y no limitarse a propuestas específicas, no enmarcadas en un programa y presupuesto global— coherente con la estrategia general de desarrollo, ya definida.
El autor es economista
