Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El abogado David Rojas Rodríguez, en representación de la ciudadana nicaragüense Alba Palacios Benavides y del panameño Camilo Agustín Brenes Pérez, demandó ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a su presidente, Hugo Guiraud, para que declare nulo un acuerdo de esa instancia que otorgaría cuatro mil dólares de indemnización a los diputados que próximamente se retirarán de sus cargos.
La demanda fue admitida por la CCJ, que mandó a suspender la resolución que otorgaría los 4 mil dólares mientras resuelve el caso.
El acuerdo llamado “Fondo de Retiro para diputados, diputadas electos así como parlamentarios designados al Parlacen”, fue aprobado por los diputados liberales de Nicaragua, Donald Lacayo Núñez, Julia Mena y Fabio Gadea. De igual manera fue aprobada por los diputados liberales de Honduras y los parlamentarios de ARENA de El Salvador.
De acuerdo con el acta de votación de la sesión plenaria del Parlacen, al momento en que se votó la moción de la creación del Fondo de Retiro sólo estaban presentes 57 diputados, de los cuales 38 votaron a favor, 18 en contra y una abstención. Es decir, que no estaba el quórum legal para discutir y aprobar el cuestionado acuerdo que, con base en el Reglamento interno del Parlacen, debe aprobarse toda moción con la asistencia de 64 diputados.
PROPUESTA HONDUREÑA
La propuesta de “indemnizar” a los diputados nació de una moción que hizo el ex presidente de Honduras, Rafael Azcona Hoyo, y la misma especifica en su numeral cuatro que “para los diputados y diputadas que se retiran antes de iniciarse las aportaciones de los mismos, y las que fueron descritas con anterioridad, sólo recibirán cuatro mil dólares”. Ésta fue aprobada el pasado siete de septiembre.
Es decir, que los diputados que concluyen su período por el que fueron electos hace cinco años, sin que hayan hecho aporte alguno de su salario durante su período, gozarán como prerrogativa de los cuatro mil dólares.
Rojas, en su escrito de demanda a la CCJ, como órgano competente y de jurisdicción propia con potestad para juzgar y resolver con autoridad, pide que declare nulo el acuerdo denominado “Fondo de retiro para diputados”.
El abogado demandante señala en su escrito que la pretensión de entregar los cuatro mil dólares a los diputados para su retiro viola el Reglamento interno del Parlacen, puesto que en sus respectivos parlamentos nacionales no existen ese tipo de prerrogativas de indemnización.
EN NICARAGUA ESTÁ PROHIBIDO POR LEY
En el caso de Nicaragua, cita que la Ley 390 o Ley de Control de Indemnización de los Funcionarios Públicos, prohíbe de manera expresa ese tipo de indemnizaciones o reconocimientos pecuniarios a los funcionarios públicos electos por el voto popular.
