Sin dudas que uno de los objetivos principales del presidente Arnoldo Alemán al pactar con el líder del FSLN, Daniel Ortega, es el de seguir gobernando el país después de entregar la Presidencia de la República en enero de 2002, ya sea como presidente de la Asamblea Nacional o como jefe de bancada parlamentaria del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para mientras tiene la oportunidad de reelegirse, en los comicios presidenciales de 2006.
Precisamente por eso, uno de los acuerdos principales del pacto fue la reforma del artículo 133 de la Constitución Política de la República, con el fin de conceder al doctor Arnoldo Alemán una curul gratuita en la próxima Asamblea Nacional, con todas las prerrogativas y la inmunidad que gozan los diputados, pero sin ser electo por el voto popular. Y como no hay almuerzo gratis, el PLC y el FSLN también reformaron el artículo 147 de la Constitución, para facilitarle a Daniel Ortega la posibilidad de ganar las próximas elecciones con el 40% de los votos, y aun con sólo 35%, si la ventaja sobre el segundo lugar fuese del 5 por ciento o más de los sufragios válidos emitidos.
Por supuesto que el objetivo del doctor Arnoldo Alemán de seguir gobernando el país desde el Poder Legislativo, sólo podría consumarse si el PLC ganara las elecciones del 4 de noviembre, y, en consecuencia, consiguiera la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional. Ahora bien, si el PLC ganara las elecciones de noviembre y el actual primer mandatario se pudiera convertir en presidente de la Asamblea Nacional, se daría el caso singular de que el primer mandatario saliente, Arnoldo Alemán, tendría que entregar la banda presidencial al nuevo presidente del Poder Legislativo, que sería el mismo Arnoldo Alemán; pues, según lo que establece el artículo 148 de la Constitución: “El Presidente y el Vicepresidente de la República electos tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional, en sesión solemne, y prestarán la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional”.
Eso significa que el doctor Alemán tendría que renunciar a la Presidencia de la República antes de cumplir su mandato, el 10 de enero del próximo año, a fin de poder juramentarse como diputado y ser elegido presidente de la Asamblea Nacional el 9 de enero de 2002, tal como lo manda el artículo 136 de la Constitución. Así, el doctor Alemán recibiría la banda presidencial de manos del presidente saliente, que en ese caso sería el actual Vicepresidente, Dr. Leopoldo Navarro, para entregarla al presidente entrante, tomarle la promesa de ley y cumplir la formalidad establecida en la Constitución.
Según algunos observadores políticos, el lapso que habría entre la renuncia del doctor Arnoldo Alemán a la Presidencia de la República y su investidura como diputado ante la Asamblea Nacional, podría ser aprovechado por sus enemigos políticos para acusarlo y tratar de enjuiciarlo por los actos de corrupción y abusos de poder que se le imputan. Pero la realidad es que no habría ninguna posibilidad de que eso pudiera ocurrir, pues el doctor Alemán seguiría gozando de inmunidad después de entregar la banda presidencial, ya que él se convertiría de manera automática en diputado ante el Parlamento Centroamericano, y, además, aun sin ser juramentado como diputado ante la Asamblea Nacional, gozará de la codiciada protección legal que proporciona la inmunidad.
En realidad, el pacto libero-sandinista o Alemán-Ortega no fue improvisado ni fraguado por criaturas ingenuas. Por el contrario, fue una operación cuidadosamente preparada por personas que conocen muy bien los vericuetos jurídicos y dominan las artimañas de la política nicaragüense. Y tal como han hecho hasta ahora con los escollos que se han encontrado al ejecutar algunos aspectos del pacto, cualquier obstáculo inesperado que pudiera presentarse en el proceso de transmisión del mando presidencial, en enero del próximo año, lo resolverían con cualquier estratagema política y legal, y mediante concesiones recíprocas entre las dos tribus y los dos caciques políticos.
Así lo han hecho hasta ahora y así lo seguirán haciendo mientras la ética política no gobierne en Nicaragua, lo cual lamentablemente no se puede saber todavía cómo, cuándo ni con quién podrá comenzar.
