Mentiras y medias verdades

Magdalena U. de Rodríguez

Con asombro he visto y oído al candidato a la Vicepresidencia por el FSLN, Ing. Agustín Jarquín Anaya, acusar al ex vicepresidente de la República, Ing. Enrique Bolaños, de no haber hecho absolutamente nada desde su alto cargo para controlar la corrupción presente en el gobierno que está por terminar. De no haber denunciado siquiera, los actos corruptos de ministros y de otros servidores públicos y de que la “Comisión Nacional de Integridad”, creada por el vicepresidente al inicio del actual gobierno tampoco ha funcionado. Se arroga Jarquín la capacidad de recrearla, puesto que según asegura es una institución “nuevecita”, expresión suya, la cual convertirá en algo real cuando asuma la Vicepresidencia, a partir del 10 de enero de 2002.

El ex Contralor olvida voluntariamente, que el vicepresidente no es el jefe del gabinete del gobierno, que los ministros son secretarios del presidente de la República, y que aquél no es adversario de éste, sino, acaso, un colaborador, quien en el mejor de los casos, podría privadamente persuadir al mandatario para que actué de manera distinta, más justa, honrada y conveniente al interés común, de cómo lo hace.

Olvida también que la Constitución Política de Nicaragua no asigna al Vicepresidente más funciones que las de sustituir al Presidente en ausencias temporales y permanentes, y asumir las que el presidente le encomiende. Pero el olvido culposo del candidato está en que él como Contralor en marzo o abril del 97 llegó a una sesión de la Comisión de la Honradez, que así se llamaba entonces, acompañado de sus asesores recién escogidos por él, entre los que recuerdo a doña Mimi Hammer y al señor Garzón, invitado por el vicepresidente para que in situ constatara que la recién creada Comisión no usurpaba funciones a la Contraloría ni interfería en sus designios y mandatos. Aquella sesión fue abierta y sin apartes, y estuvimos presentes don Pablo Antonio Cuadra, don Carlos Mántica, los doctores Eduardo Rivas Gasteazoro y Edgardo Buitrago, monseñor Abelardo Mata, esta servidora y muchas personalidades más que escapan a mi memoria. Allí se habló sobre lo que era la Comisión: una institución promotora de la honradez y de la transparencia en los actos de los servidores públicos, desde el Presidente de la República, pasando por todos los poderes del Estado, hasta llegar al más humilde servidor. También se aclaró sobre lo que la Comisión no era: ni Contraloría (para alivio del Contralor) ni Policía, tampoco actuaría como juez ni verdugo de nadie. Todo lo que hoy asevero lo sabe hasta la saciedad el candidato y debe recordarlo.

Cierto que la Comisión Nacional de Integridad no obedeció de manera cabal a lo planeado originalmente por el ingeniero Bolaños cuando inició su formación en febrero del 97. Y la razón de ese trastoque de intenciones y funciones fue el ningún favor que la idea de una comisión formada exclusivamente por la sociedad civil encontró en el ánimo del presidente Alemán.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Integridad ha promovido seminarios y foros en pro de la honestidad entre los servidores públicos, involucrando a más de 500 funcionarios. Ha elaborado leyes, propuestas a la Asamblea Nacional, algunas aceptadas y aprobadas como Ley de lo Contencioso Administrativo; la Ley de Acceso del Ciudadano a la Información. La # 290 o Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y otras que esperan en la secretaría del Poder Legislativo.

Por otra parte, amén de su facultad de olvido, el ex Contralor considera justo y plausible haberse valido de un periodista oculto bajo seudónimo para espiar al Ejecutivo a favor de la Contraloría, porque, según él, ese espionaje le redundó beneficios económicos cuantiosos al pueblo de Nicaragua ayudando al Contralor a descubrir actos corruptos del gobierno, cuya precisión y denuncia se guarda por ética.

Rarísima concepción sobre moral política y ética del servidor público, la cual no podemos compartir jamás, los auténticos demócratas, por considerarla una salida de gato pardo.

La autora pertenece al MAR (Movimiento de Acción Republicana)  

Editorial
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