Entre las múltiples promesas electorales de los partidos políticos, hay una del Frente Sandinista en la que dice que “se compromete a buscar soluciones justas y equitativas a las propiedades de aquellos injustamente afectados, a los que se les buscará soluciones prácticas y verdaderas.” Es obvio que lo que quiere el FSLN es hacer creer que cumpliría dicha promesa en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Y por qué tiene ese partido que esperar la eventualidad de un posible triunfo electoral para resolver problemas de propiedad, si puede resolverlos ahora mismo con sólo respetar y acatar las leyes de la República?
Y no nos estamos refiriendo a propiedades que se encuentran relacionadas o amparadas bajo las leyes 85 y 86, que popularmente se conocen como “leyes de la piñata”. (Como se recordará, esas leyes fueron aprobadas apresuradamente por el mismo Frente Sandinista en el período comprendido entre el 25 de febrero de 1990 —cuando perdió las elecciones— y el 25 de abril de ese año, cuando tomó posesión el gobierno democrático presidido por doña Violeta Barrios de Chamorro). A lo que nos referimos aquí es a propiedades que no tienen nada que ver con esas leyes, sino que están bajo control del partido sandinista y que, además, las autoridades judiciales competentes han ordenado que sean regresadas a sus legítimos dueños.
Es el caso, por ejemplo, de una propiedad en Granada que pertenece a la señora María Julieta Choiseul Burgos, y que el Frente Sandinista ocupa como casa de campaña. La dueña tiene una orden judicial en la que se ordena que se le restituya el inmueble, pero los ocupantes se niegan a acatarla, alegando, como ha dicho el secretario político del FSLN en esa ciudad, que “… ahorita nosotros no estamos dispuestos a regresar la propiedad… Me parece que no es el momento. Si esta situación se pudiera ver mejor después de las elecciones, cuando ya el Frente Sandinista gane, pues nosotros estaríamos con toda la disposición a regresar la casa, si verdaderamente en todos los aspectos judiciales ellos tienen la razón”.
Esa flagrante falta de respeto del FSLN a las resoluciones del Poder Judicial no es la única. Casos parecidos ocurren en otras ciudades, como en Matagalpa, donde la señora Nelly Morales de Zeledón no ha podido lograr que se le devuelva una propiedad que está en manos del FSLN y que ese partido actualmente da en arriendo a unos comerciantes de la localidad. Asimismo, en Estelí, la doctora Rita Graciela González Molina no ha podido recuperar una casa donde operan las oficinas del Movimiento Comunal de esa ciudad. La misma Alcaldía sandinista de Estelí, al mandarle la notificación para el pago de impuestos, reconoce a la doctora González Molina como la legítima propietaria del inmueble.
Es evidente que a todas estas personas no les han servido para nada las sentencias judiciales que ordenan a quienes tienen el control de los inmuebles —que en estos casos no es más que el Frente Sandinista— la devolución de los mismos. Ese comportamiento del FSLN no hace más que poner en tela de juicio la promesa electoral arriba citada. Es muy probable, por lo tanto, que en la mente de esos propietarios resuenen las palabras de Lino Gutiérrez, subsecretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos del gobierno de Estados Unidos, quien, en un discurso ante la Cámara Americana de Comercio en junio de este año dijo: “Si éstos que ahora se denominan demócratas hablasen en serio, ya habrían regresado a sus legítimos dueños las propiedades confiscadas durante la ‘piñata’ ilegal”. Aunque, lógicamente, no es por lo que diga un funcionario norteamericano que deben devolver esas propiedades, sino por respeto a la ley, a la justicia y al derecho ajeno.
Hay quienes creen que antes de las elecciones el FSLN podría regresar algunas propiedades a sus legítimos dueños, como una maniobra política de última hora para reforzar la idea de que si el FSLN vuelve a gobernar ya no sería el mismo de la década de los ochenta. Sin embargo, por lo pronto, la realidad contradice también las promesas sandinistas sobre la propiedad.
