Temores comprensibles

La denuncia del FSLN contra los programas de opinión política que transmite el Canal 6 de televisión, que es propiedad del Estado, a juicio de algunas personas debe ser vista como una advertencia de que si los sandinistas ganaran las elecciones del 4 de noviembre y regresaran al poder, volverían a suprimir o a restringir la libertad expresión, como lo hicieron cuando gobernaron en la década ochenta.

Como es sabido, el FSLN denunció ante el Consejo Supremo Electoral que en los programas de opinión política del Canal 6 se ataca al partido sandinista y sus candidatos con expresiones indebidas, y que se manipulan imágenes sobre la guerra, las penurias económicas y otros acontecimientos negativos que ocurrieron en Nicaragua en la década 80.

Es comprensible el temor que sienten muchas personas a que la libertad de expresión pudiera ser restringida o suprimida si los sandinistas volvieran a gobernar. En realidad, si el FSLN suprimió la libertad de prensa cuando gobernó durante los años 80, ¿por qué no la volvería a suprimir o a restringir ahora, aunque sea con otras modalidades, en el caso de regresar al poder?

En abril de 1980 partidarios sandinistas se “tomaron” LA PRENSA, apenas 9 meses después de que el FSLN tomó el poder y cuando aún no había la guerra con que se justificó después la represión contra los adversarios, disidentes y críticos del régimen revolucionario. Luego el gobierno sandinista sometió a LA PRENSA a rígidas censuras y largos períodos de silencio absoluto. De manera que ahora tenemos derecho de preguntarnos, ¿cuánto tiempo transcurriría, si el FSLN ganara las elecciones de noviembre, para que se volvieran a “tomar” este bastión de la libertad de expresión en Nicaragua?

Es cierto que en la actualidad hay otras circunstancias nacionales e internacionales. Pero los dirigentes del FSLN y su ideología y objetivos políticos son los mismos de 1979. Y el hecho de que el candidato presidencial sandinista firmara hace unos meses, ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), un compromiso público de respeto a la libertad de expresión, no garantiza que la respetaría pues también en 1979 se comprometió públicamente a respetarla, y sin embargo la suprimió poco tiempo después de tomar el poder. A lo mejor sí lo harían, pero hay razón y derecho a desconfiar y a temer que vuelva a ocurrir lo mismo que en los años 80.

Por otro lado, el problema no es lo que se dice y cómo se dice en los programas de opinión política antisandinista que transmite el Canal 6 de televisión. La libertad de expresión garantiza el derecho de los medios de comunicación a informar sobre todo lo que merece ser informado, incluyendo los hechos históricos, las trayectorias de los partidos y los antecedentes de los políticos y personales de los candidatos.

Por supuesto que la libertad de expresión no le da derecho a nadie de difamar, injuriar y calumniar. Pero esto no es información ni opinión sino delitos que están tipificados en el Código Penal y que se ventilan en los juzgados correspondientes, no por medio de restricciones a la libertad de expresión.

El problema real es que el Canal 6 de televisión pertenece al Estado, o sea a todos los nicaragüenses, y por lo tanto no debe ser utilizado abusivamente en provecho por ningún partido en particular. El Canal 6 debería limitarse a transmitir la publicidad de los distintos partidos y candidatos de conformidad con lo que establece la Ley Electoral. Y si el gobierno no puede mantenerlo con los fondos públicos, lo que debería hacer es privatizarlo de manera legal y transparente, pero no abusar de él con el pretexto de que vende espacios como cualquier empresa comercial.

La vigencia de la libertad de expresión exige que los periodistas y dueños o directores de medios respeten los principios éticos de la información. Sin embargo, a la libertad de expresión hay que defenderla también y ante todo de las agresiones y asechanzas gubernamentales, y no sólo de la represión y la censura abierta sino también de las restricciones solapadas y los abusos partidistas con los medios que son de propiedad estatal y servicio publico, como es el caso del Canal 6 de televisión.  

Editorial
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