El abogado Julio César Areas.

Solicitan se investigue a Canal 6

Jorge Loáisiga Mayorga [email protected] El ex juez suplente del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, Julio César Areas, en calidad de abogado de cinco ciudadanos, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una investigación en el estatal Canal Seis de Televisión para que se verifique si quienes alquilan espacios […]

Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]

El ex juez suplente del Juzgado Cuarto de Distrito del Crimen de Managua, Julio César Areas, en calidad de abogado de cinco ciudadanos, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una investigación en el estatal Canal Seis de Televisión para que se verifique si quienes alquilan espacios en ese medio de comunicación pagan por éstos, como declararon a los medios de comunicación.

Los programas cuestionados son Fuego Cruzado, de Fernando Avellán y Enrique Quiñónez; Dardos Al Centro, de Carlos Guadamuz, y el programa que dirige el periodista Luis Mora.

Areas actuó en representación de los ciudadanos Fernando Zúniga González, Xiomara Espinales Urbina, Víctor Manuel Medina Mendoza, Carlos Alberto Gutiérrez Pérez y Antonio de Jesús Vado.

Según Areas, lo que se pretende es que la Contraloría compruebe que hay contratos de arriendo y que los propietarios de esos programas pagan por el alquiler de esos espacios, como lo dijo la secretaria de Comunicación Social, Marta McCoy.

La semana pasada estas personas dieron una conferencia de prensa, pero se negaron a mostrar los contratos de arriendo y las facturas de pago, tras sostener que pagan entre dos mil y cuatro mil dólares mensuales.

El abogado también dijo que se debe verificar si los contratos son lícitos y si los programas en referencia cumplen con los objetos de creación del Sistema Nacional de Televisión.

El ex juez Areas fue quien denunció que fue objeto de presiones políticas e intento de chantaje económico por enviados de funcionarios públicos, y al menos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo presionaron para que fulminara con auto de segura y formal prisión al entonces contralor Agustín Jarquín Anaya, quien enfrentaba el juicio por el caso conocido como “Ramón Parrales”.  

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