En la edición de LA PRENSA del jueves primero de septiembre de 1983, se publicó la Carta de la Conferencia Episcopal Nicaragüense en relación con el Servicio Militar Patriótico, cuyo proyecto de ley estaba en debate en el Consejo de Estado, el órgano legislativo en ese entonces.
A continuación, los puntos más importantes de ese documento histórico.
“El Proyecto de Ley sobre el Servicio Militar que actualmente se debate en el Consejo de Estado, ha provocado en gran parte de la población nicaragüense un cierto malestar y preocupación. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal no puede quedar en silencio, pues los católicos esperan una orientación moral y una norma de conducta a la que atenerse.
…En consecuencia, debe admitirse que el reclutamiento militar obligatorio es una potestad legítima del Estado y que no se opone, en principio, a ninguna norma ética o moral.
Por esto, el Concilio Vaticano II, recogiendo el eco de un sentir casi universal, ha dicho que “parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivos de conciencia, mientras aceptan servir a la comunidad de otra forma”. (Cfr. GS.79)
Las ideologías totalitarias han creado un nuevo tipo de Derecho, basado en el positivismo jurídico más radical y en la preeminencia de lo social sobre lo individual. En este nuevo ordenamiento del Derecho, los valores personales e individuales quedan sometidos a los valores sociales y colectivos bajo el arbitrio del Estado.
Esta concepción sociojurídica revolucionaria no se ha podido legitimar en la práctica por la libre aceptación de los pueblos, sino que se ha impuesto, de hecho, por la fuerza de las armas y por otras formas del poder coercitivo del Estado.
Se puede constatar fácilmente que, en todos los países con gobiernos totalitarios, se ha creado un ejército fuertemente politizado como defensa de la propia ideología y, al mismo tiempo, como medio para forzar a la población a recibir un adoctrinamiento político.
El error fundamental de este sistema jurídico-político es que identifica el Estado con el Partido, y éste con el pueblo o con sus intereses.
Forzar a los ciudadanos a incorporarse a un “Ejército-Partido político”, sin estar de acuerdo con la ideología de dicho partido político, es un atentado contra la libertad de pensamiento, de opinión y de asociación (Cfr. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ONU,
Este proyecto está fuertemente politizado en sus puntos fundamentales, tiene un carácter partidista y sigue las líneas generales de todas las legislaciones de tipo totalitario.
El Servicio Militar no pretende sólo “proporcionar el aprendizaje de las más avanzadas técnicas militares” (Considerando VII), sino que también “fomentará en nuestra juventud el sentido de la disciplina y moral revolucionaria” (Considerando VII). Es decir, el Ejército se convierte en un centro obligatorio de adoctrinamiento político a favor del Partido Sandinista.
Aprovechar la disciplina militar para “manipular” ideológicamente a las personas y someterlas por la fuerza a una determinada ideología, es un grave atentado contra la libertad de pensamiento y opinión.
En vista de todas estas razones, la actitud ante esta ley, para quines no comparten la ideología del Partido Sandinista, puede ser “la objeción de conciencia”. Y nadie puede ser latigado, perseguido o discriminado por adoptar esta solución.
En consecuencia, nadie puede ser obligado a tomar las armas para defender una determinada ideología con la que no está de acuerdo, ni a hacer un servicio militar obligatorio en beneficio de un partido”.
Managua, veintinueve agosto de mil novecientos ochenta y tres. Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Doy Fe, Mons. Leovigildo López Fitoria. Obispo de Granada. Secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
