- Estamos en una verdadera emergencia nacional y todos los nicaragüenses debemos estar alertas para evitar que se consuma un fraude que podría sumir a nuestro país en un nuevo período de miseria económica y falta de libertad en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos
Oscar Herdocia Lacayo
Una de las más graves violaciones del Derecho Político al voto es la compra–venta del mismo. Quien lo compra burla la dignidad del pueblo y el derecho de elegir a la persona que considere más idónea para el cargo, además, al proponerla al ciudadano humilde que por motivos de pobreza económica o mental es más proclive a entregarlo, lo humilla y lo degrada en su más íntima dignidad, convirtiéndolo en coautor de un acto delictuoso en contra de la Libertad y Derecho de Elección, el soborno. En estos casos la principal víctima de la “operación” es el pueblo a quien se escamotea la oportunidad democrática de mayor significación en el ambiente político de su país.
Siempre en los comicios hay ofertas de programas con ventajas para el pueblo gobernado, para que éste oriente su voto, pero todas ellas deben ser generales, dirigidas a la colectividad cuyo voto se requiera para llegar al ejercicio del Poder, pero esas ofertas y prometidas ventajas, nunca deben ser dirigidas a personas o familias determinadas, porque entonces se rompen la igualdad y la honestidad y se entra en coto vedado de compra de conciencias y de votos, que la Ley Electoral en su artículo 174 inciso 1º, sanciona con arresto inconmutable de 6 a 12 meses.
No me refiero aquí a la distribución de gorras, camisetas, insignias y pequeños objetos de propaganda, sino a la entrega de ofertas certificadas de privilegios y ventajas personales que supuestamente se cumplirán al llegar el oferente al Poder, gesto que impulsa el egoísmo personal e inclina las conciencias apartándolas del interés colectivo y del legítimo ejercicio del voto.
En las elecciones municipales recién pasadas denuncié esa acción cuando un candidato para alcalde, en pleno proceso electoral, ofreció al público la entrega de lotes para viviendas llegando al cinismo de suscribir “compromisos de títulos de propiedad” que entregó a muchos ciudadanos y a la postre no cumplió totalmente. Según he sabido el voto obtenido de esa manera ilícita, alcanzó la cantidad de cuarenta mil votantes.
Ahora sucede que otro candidato, esta vez a la Presidencia de la República, ofrece a los votantes Certificados de Bonos de Productibilidad Alimenticia, y de Salvación de los Cafetaleros, que si se llegan a entregar antes de las elecciones constituirían el delito de soborno con la abierta intención de acaparar su voto, ya que la certificación que le entregarían al ciudadano sólo tiene valor si el candidato oferente llega a ser presidente.
No se oculta a cualquier persona pensante que quien tiene la inocencia o la malicia de recibir esos bonos va a procurar que el candidato mencionado llegue al cargo que pretende y seguramente le entregará su voto, no por considerarlo el más capacitado y digno, sino porque el acto involucra su interés personal o familiar, despreciando el interés colectivo del pueblo que es el más perjudicado con la maniobra.
Las ofertas son tan altas que no hay en el país dinero para cumplirlas ni fuente que lo proporcione, además esos compromisos se hacen a cargo del Estado o de la Entidad Municipal, para ser supuestamente cumplidos con fondos de esas instituciones, es decir se estaría engañando al público y haciendo propaganda partidaria a costa anticipada del tesoro del pueblo.
Esta observación la hago pública y la dirijo al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los organismos encargados de la vigilancia electoral y al pueblo en general, para evitar que el fraude se realice.
Estimo que el Consejo Electoral, que está obligado a vigilar la limpieza del Proceso Electoral, debe prohibir semejantes prácticas y usar de sus facultades para impedirlas efectivamente, porque son un engaño al pueblo y una violación inicua de su derecho a elegir libremente.
Estamos en una verdadera emergencia nacional y todos los nicaragüenses debemos estar alerta para evitar que se consume un fraude que podría sumir a nuestro país en un nuevo período de miseria económica y de falta de libertad en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.
Usemos nuestro voto libremente y analizando bien la calidad de la persona por la cual vamos a sufragar.
* El autor es abogado y miembro del Movimiento de Acción Republicana (MAR).
