De acuerdo con una ley dictada en septiembre de 1995 y que aún está vigente, hoy se debería celebrar oficialmente el Día de la Constitución de Nicaragua.
En efecto, el 19 de septiembre de 1995 la entonces presidenta Violeta B. de Chamorro promulgó la Ley No. 201 (Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política), que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de agosto del mismo año y cuyo artículo tercero establece como “Día de la Constitución Política de Nicaragua el primer lunes del mes de septiembre de cada año, y las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la Constitución Política”.
Sin embargo, el mandato legal de celebrar el Día de la Constitución no es acatado por las autoridades ni por nadie, salvo la Procuraduría de Derechos Humanos, en parte por la falta de cultura cívica pero también por sectarismo de los dos partidos que ahora controlan el poder, el PLC y el FSLN, que menosprecian la Ley 201 porque fue dictada por una Asamblea Nacional que no estaba dominada por ellos.
Es lamentable que no se cumpla el mandato de la Ley 201, de hacer de la Constitución una “materia de enseñanza y de estudio obligatoria en la educación preescolar, primaria, educación media y técnico vocacional”, pues la pedagogía constitucional es la base de la cultura cívica de todo país democrático. Un pueblo que desconoce y menosprecia sus valores constitucionales no puede tener instituciones sólidas y eficaces ni tiene un plan o proyecto de nación.
En realidad, sólo el estudio de la Constitución permite conocerla y respetarla. Eso es lo que hace posible que la gente interiorice hábitos democráticos y que se garantice el debate cívico para sustentar la convivencia pacífica de la sociedad. No es por casualidad que los pueblos que han desarrollado una profunda y vasta cultura constitucional son los que sienten fervor por la democracia y el respeto ilimitado a los derechos de las personas y las naciones. Y sus poblaciones tienen un comportamiento esencialmente democrático, cuentan con instituciones sólidas y confiables, y se han desarrollado y prosperado mucho más que los países donde los pueblos ignoran la ley y menosprecian sus propias normas constitucionales.
El respeto a la ley en general y el culto constitucional en particular, es condición para que los principios de la libertad impregnen la realidad social y la vida de los ciudadanos, puesto que la Constitución es el principal y mejor instrumento para construir una sólida sociedad democrática y para asegurar la unidad nacional, abre las puertas para entrar al universo de las sociedades avanzadas y para progresar en cohesión, crecimiento, bienestar y solidaridad.
Para que la Constitución sea conocida, acatada y respetada por toda la sociedad, sus principios y fines deben ser también compartidos por todos los ciudadanos. Y es obvio que la actual Constitución, que fue dictada en 1987 bajo el régimen del FSLN, es considerada despectivamente como una “constitución sandinista” por un sector importante de la sociedad. Y por otro lado, la reforma constitucional de 1995 fue hecha por una coalición de partidos que desaparecieron legalmente y son despreciados por las dos fuerzas que ahora controlan el poder. Por lo tanto la Constitución vigente no goza del consenso de toda la nación y debido a eso no se le considera como una expresión del plan de nación de todos los nicaragüenses.
Las constituciones pueden ser reformadas para mejorarlas o para empeorarlas, como ocurrió con la reforma del pacto liberal-sandinista del año pasado. Pero esto es secundario. Lo fundamental es reconocer que la Constitución tiene una función pedagógica y un valor cultural que, en cuanto tal, debe ser asimilado para el mejor desarrollo personal y social de los ciudadanos.
Anteriormente hemos citado —y debemos hacerlo de nuevo— lo escrito por Aristóteles (Política, libro V, 1310 a), al respecto: “Lo más importante para un duradero mantenimiento del régimen político es una enseñanza adecuada de la constitución. Las leyes más útiles, aun ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, de nada sirven si los ciudadanos no son entrenados y educados en el espíritu constitucional”.
