- Lewites podría acusar criminalmente a Junta Directiva de la empresa
Consuelo Sandoval [email protected]
El alcalde de Managua, Herty Lewites, podría acusar criminalmente en los tribunales competentes a los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), por desacatar la resolución del Tribunal de Apelaciones que ordenó la suspensión de la licitación del 40 por ciento de esa entidad del Estado.
Anunció que su equipo de asesores está estudiando todas las opciones legales para recurrir contra los directivos de Enitel, porque su venta se hizo al estilo “Al Capone, ya que citaron en un hotel, después en un restaurante, después en otro lugar, la terminaron haciendo en una bodega, y no dejaron entrar a muchos medios”.
La procuradora Delia Rosales pidió al Tribunal de Apelaciones la revocación de todo lo actuado, alegando nulidad de la resolución por considerar que fue dictada sin estar integrada totalmente la sala número dos.
Sin embargo, la Ley de Amparo indica que la Corte de Apelaciones no tiene facultades para recibir solicitudes después de haber dictado su resolución, y solamente puede remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado Guillermo Selva intentó justificar la venta de la compañía telefónica, no obstante, dijo que las resoluciones de los tribunales y jueces tienen carácter de ley y puede ordenar la suspensión de cualquier acto.
El Tribunal de Apelaciones recibe el recurso de amparo, lo examina, y si constata que reúne todos los requisitos que establece la ley lo admite, y si considera que va a causar agravios para el recurrente, manda a suspender cualquier acto que le cause perjuicio, explicó.
Su colega, Francisco Rosales, no quiso emitir opinión porque podía implicarse, sin embargo, reafirmó el principio constitucional que indica que las resoluciones de los tribunales judiciales son de ineludible cumplimiento, y que el Presidente de la República es el encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes.
El magistrado Rafael Solís, calificó de “afrenta al Estado de Derecho”, la decisión del presidente Arnoldo Alemán y de la Junta Directiva de Enitel, al desacatar la resolución de Apelaciones.
“Es un acto nulo que nunca nació, nunca se produjo, y, por lo tanto, no se hizo ninguna venta, nada más una pantomima y una mueca de venta, puesto que no podían haberla hecho”, afirmó.
Alemán argumentó que la compañía que ganó la licitación superó el precio base que había sido acordado con los organismos internacionales, y aseguró que con la venta de Enitel miles de nicaragüenses podrán tener una línea telefónica que hasta el momento constituye un lujo.
Minimizó las acciones legales que pueda emprender Lewites, considerando que no es juez.
El mandatario sugirió a los miembros de la Junta Directiva de Enitel, promover juicio contra el empresario cubano-americano Ricardo Mas Canosa, quien los acusó de estar detrás de la compra de la empresa.
“Si yo estuviera como ciudadano individual lo acusaría de injurias y calumnias a ese señor, le voy a pedir que respete al primer magistrado de la nación, que por mi investidura no procedo a acusarlo de injurias y calumnias, pero de los otros que dicen que están conmigo deberían de proceder a eso”.
FALLO INELUDIBLE
Los magistrados del máximo tribunal de Justicia, Guillermo Selva, Francisco Rosales y Rafael Solís, coincidieron en invocar el artículo 167 de la Constitución que establece: “Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”. La sala constitucional de la CSJ está constituida por ocho magistrados. Josefina Ramos, Fernando Zelaya, Francisco Rosales, Guillermo Selva, Julio García Vílchez, Marvin Aguilar y Francisco Plata.
