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En la transformación regional de la justicia, los países industrializados desean que los países periféricos (o pobres) opten por un modelo de policía fundamentado en las políticas de «ley y orden» o de «tolerancia cero». Precisamente el candidato a la presidencia de Honduras, Ricardo Maduro, planea importar la política de «tolerancia cero», estrategia implantada por el dos veces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
Esta política está fundamentada en golpear duro a los delincuentes, limitando los derechos fundamentales de la persona al darle mayores atribuciones a la policía para la «lucha» contra el delito. En Nueva York, el delito se ha reducido en igual proporción en que subieron las denuncias por brutalidad policial. El grupo humanitario Human Rigths Watch (HYW) da cuenta de las actuales violaciones de derechos en Estados Unidos, entre las que cita la continua brutalidad policial. Durante el año 1999, expresa el informe «World Report 2001», se presentaron 120 mil demandas civiles, la mayoría denunciando abuso policial, y sólo 31 funcionarios policiales fueron condenados de cargos derivados de esas acusaciones. La represión plan bestia, en palabras de Eduardo Galeano, pócima mágica elogiada por los medios de comunicación, se descargó con saña sobre los negros y otras minorías que suman la mayoría de la población neoyorquina. Este modelo de represión, ha sido asumido como propio por el legislador (y cierto sector del Poder Judicial) nicaragüense, en el dictamen favorable del Proyecto de Código Procesal de Florida.
Si hay que señalar dos características de nuestra policía, habrá que destacar, sin duda, que es una institución, a diferencia del resto de las policías de la región, originaria de la comunidad y con un alto contenido político (no partidario) e ideológico de respecto a los Derechos Humanos. La mística de sus funcionarios (especialmente de sus fundadores) no está vinculada a un salario, sino a un compromiso con la comunidad, es una policía fundamentalmente comunitaria. Precisamente uno de los problemas graves que presenta la globalización en esta materia, es que deja sin contenido ideológico a instituciones como la policía, y la pone pura y simplemente al servicio del capital. Así nació la policía en el siglo XIX, para cuidar la enorme concentración de riqueza y cuidar la «concentración» de la miseria. En 1880, Joaquín Zavala, creó la policía precisamente con este objeto, para «conservar el orden público mediante leyes que repriman la vagancia» (arto. 1), y controlar a las personas «que no tuvieran empleo, beneficio o renta de que subsistir» (arto. 29).
En el Proyecto Procesal Penal de Florida se le confiere a la policía facultades impropias de un Estado democrático y de derecho, propias de un Estado policiaco del siglo XVIII, facultades que «conspiran» contra la persona, contra los Derechos Humanos, con el objeto de «mantener todo en orden», mantener a «raya» a la sociedad en la «paz de los cementerios». Para los representantes de los intereses transnacionales, la figura del juez no es necesaria, porque el respeto de los Derechos Humanos en la «lucha» contra el delito no será necesario. La policía del futuro podrá prescindir totalmente del juez, a tal punto que podrá «emitir orden de detención», hacer «requisas personales» (como las denunciadas recientemente), realizar «inspecciones e investigación corporal» y «registrar vehículos» sin orden judicial, sin consentimiento de la persona, siempre que haya «sospecha grave y urgencia». Una nueva policía reflejo directo de la ideología y práctica de la nueva economía comercial global. No es necesario explicar lo destructiva que es esta tendencia para la vigencia y respeto de los derechos individuales de la persona, que lleva las de perder.
