En la década del ochenta presenciamos el mayor conflicto armado que se haya dado entre hermanos nicaragüenses. Esa situación de guerra sólo llegó a su final después del triunfo de la opción democrática en las elecciones de 1990. El ejército irregular de la Resistencia Nicaragüense, que contaba con más de 20,000 hombres y mujeres, y que por varios años combatió al Ejército Popular Sandinista, entregó las armas y se desmovilizó.
Sin embargo, la secuela de la guerra fratricida se haría sentir por mucho tiempo después. Muchos hombres no sabían hacer otra cosa más que manejar un rifle. Había mucha desconfianza en la imparcialidad del ejército. Pequeños grupos permanecieron rearmados. El gobierno trató de lograr su desarme y desmovilización a través de la persuasión y la negociación. A cambio de sus fusiles, pistolas y granadas, el gobierno les entregaba dinero, tierras, materiales de construcción y alimentos. Algunos de esos bienes les eran entregados de inmediato, y otros quedaban pendientes de entregárseles en el futuro.
Es cierto que algunas veces el gobierno incumplió parte de las promesas, generando resentimiento en quienes habían accedido a desmovilizarse, pero también es cierto que muchos encontraron lucrativo el proceso de armarse, negociar, desarmarse y volverse a armar, para repetir el mismo ciclo una y otra vez. Las repetidas amnistías, la abundancia de armas en todo el territorio nacional, y la disposición del gobierno de negociar, perpetuaron ese estado de cosas por varios años.
Actualmente, los armados irregulares se han reducido a un mínimo. Sólo quedan unas pocas decenas remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que operan en la zona del Triángulo Minero, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). En 1999 el gobierno dio un cambio radical de política: a partir de ese momento no habría más negociaciones con ningún rearmado. Tendrían que deponer las armas o sufrir las consecuencias.
Desde entonces, las bandas de delincuentes han matado a familias enteras, han secuestrado finqueros y empleados de las compañías mineras, han extorsionado, torturado, y sembrado el terror en esa zona del país. La Policía y el Ejército han perdido varios de sus miembros en enfrentamientos con ellas.
Aún así, la política de no negociar permanece, y nos parece que es lo correcto. A estas alturas del proceso de democratización del país, y con un Ejército Nacional mucho más profesional que el que existía a comienzos de la década pasada, no hay ninguna justificación para la existencia de otros cuerpos armados que no sean los que establece la Constitución Política. Estos tienen la obligación de mantener el orden público y de combatir a sanguinarios malhechores como los que operan en el Triángulo Minero.
Reconocemos que la Policía y el Ejército están cumpliendo con su deber. A mediados de este mes las fuerzas del orden dieron muerte a José Luis Marenco, uno de los cabecillas más violentos y brutales. Ese mismo día le dieron muerte a Carlos Noel Lagos, quien hacía poco tiempo se había unido al grupo de Marenco.
Dada la naturaleza irregular de las bandas y su forma escurridiza de operar, el Ejército se ha visto en la necesidad de montar operativos de inteligencia que implican la infiltración y el sabotaje. Hay algunos que alegan que el Ejército viola los derechos humanos de esos criminales cuando actúa así. No creemos tal cosa, porque como bien se sabe, solamente actuando de esa manera es como las fuerzas del orden pueden hacer contacto con ellos para poner fin a sus actividades delincuenciales.
Es tiempo que se termine de una vez por todas con la falsa glorificación de esos grupos que algunos quieren presentar como abanderados de causas nobles. Nadie que viva del pillaje, la extorsión, el secuestro y el asesinato a sangre fría, puede ser tal cosa. Nuestro país necesita paz y tranquilidad para poder trabajar y progresar. La zona del Triángulo Minero es una zona rica y con un gran potencial de desarrollo, el cual jamás se materializará en beneficio de sus habitantes si la actividad delictiva de esas pandillas impide que nacionales y extranjeros inviertan en ella. Nuestros hermanos del Triángulo Minero no deben quedar al margen de la paz y el progreso.
