- El proceso privatizador de la telefonía nacional atraviesa su peor momento. Luego de tres intentos fallidos, las
autoridades se aventuran a un cuarto intento de venta del cuarenta por ciento de las
acciones, en un proceso que podría decidirse entre dos oferentes, pues la tercera
empresa precalificada
levantó campo - Esperan
obtener como mínimo
79 millones de dólares, cifra que es cuestionada por los
sindicalistas que aseguran que la digitalización del
sistema hace que ese
porcentaje accionario cueste unos 192 millones de dólares. Si fracasa, la opción final será la capitalización
Noel Hernández [email protected]
La capitalización será el último recurso que el gobierno utilizará si fracasa por cuarta vez el proceso de privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), durante la licitación internacional que se efectuará el próximo 31 de agosto.
Salvador Quintanilla, Presidente Ejecutivo de la empresa, manifestó que de declararse desierta la licitación, se ha previsto la implementación de un plan “B”, de emergencia, para promover el desarrollo de la empresa y satisfacer la demanda de líneas telefónicas en el país.
Esta opción consiste en capitalizar a Enitel aliándose con empresas privadas, para lo cual ya iniciaron las primeras reuniones.
NEGOCIAN OPCIONES
Según el funcionario, en estos momentos existen tres compañías que están ofreciendo ese plan emergente. Durante las reuniones previas se estudian las posibilidades de desarrollo de la demanda y posibilidades de financiamiento, así como la recuperación de cartera y las deudas que Enitel aún tiene pendiente.
También analizan cuál sería la capacidad de recuperación del dinero que invertirían y la tasa de descuento, que según Quintanilla sería un poco mejor de la que le pudieran obtener en un banco.
La capitalización significará que la empresa va a tener un contrato de administración, con el cual manejará Enitel.
De fracasar la privatización “no podemos dejar la empresa en el aire y quedarnos estáticos en el tiempo y en el espacio, tenemos que dar una respuesta a la población”, expresó el presidente de Enitel.
DEMANDA ES DE CIEN MIL LINEAS
Explicó que en estos momentos la demanda de líneas telefónicas de Nicaragua anda por unas cien mil solicitudes, la mayoría de éstas se concentran en Managua.
Cuando se realizó el proceso de privatización, el año pasado, Enitel contaba con 155 mil clientes, pero este año la cifra se ha elevado a 165 mil.
Quintanilla manifestó que la instalación de más líneas telefónicas no ha sido factible para la empresa, porque la instalación de cada línea anda por el orden de los 850 a 1,000 dólares, por lo que satisfacer la demanda significaría invertir casi cien millones de dólares.
Sin embargo, de efectuarse la venta de las acciones de Enitel quedará establecido un calendario de inversiones para la ampliación de 200 mil líneas, que le tocará hacer al inversionista que las compre.
DOS OFERENTES TRAS ENITEL
El próximo 31 de agosto será una fecha decisiva para el Gobierno de Nicaragua porque intentará vender, por cuarta vez, el 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) así como el contrato de administración de la misma y la banda de celulares PCS, aunque el panorama que se asoma no le favorece.
El valor de esta asignación de telefonía celular fue estimado en 40 millones de dólares por el anterior presidente ejecutivo de la empresa Jorge Solís, en una de las publicaciones oficiales de la institución.
Durante los últimos meses, Enitel ha sido blanco de demandas y embargos, ademá,s las fechas de privatización se han postergado mes a mes hasta quedar para el último día de agosto.
Por otra parte, uno de los tres inversionistas internacionales que habían preclasificado para competir por la compra de las acciones decidió retirarse del proceso de privatización.
Salvador Quintanilla, Presidente Ejecutivo de Enitel, indicó, la semana pasada que la Compañía de Teléfonos de El Salvador afiliada a France Telecom, fue la que se retiró del proceso, por lo que ahora sólo participan Radio Móvil Dipsa S.A. de México, Consorcio Telia AB Suetel EMCE de Suecia.
QUERELLAS CONTRA LA EMPRESA
Dos días después, las instalaciones fueron intervenidas por el Juez Primero de Distrito de lo Civil, Napoleón Sánchez, atendiendo la solicitud de embargo por parte de la Alcaldía de Managua, en concepto de impuestos que Enitel le adeuda, y cuyo monto es de 35 millones de dólares.
Además, en junio pasado la empresa de telefonía celular BellSouth demandó por 11 millones 850 mil dólares a Enitel por daños y perjuicios y por no pagarle una mora de un millón 600 mil dólares, como consecuencia de la falta de acuerdo durante la renegociación del contrato de interconexión.
Por otra parte, el empresario cubano americano Ricardo Mas Canosa mantiene pendiente con Enitel una demanda por ocho millones de dólares, que su empresa, Elite Internacional de Telecomunicaciones, introdujo por incumplimiento de contrato en noviembre del año pasado, para el envío de tráfico de llamadas internacionales entre Estados Unidos y Nicaragua.
No obstante, el presidente de Enitel expresó que “ellos [los inversionistas] están conscientes de esta situación. Se les ha presentado la situación legal y la cobertura que tenemos por parte del gobierno, son asuntos técnicos”, explicó.
GOBIERNO SERA GARANTE
Esteban Duque Estrada, Ministro de Hacienda y Crédito Público, manifestó que si se aplica el embargo, se interpondrá un recurso administrativo de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Además, yo tengo una orden del Presidente de velar porque Enitel no sea embargada, en el sentido de que si se dictara algún embargo contra Enitel, que no va a ocurrir, inmediatamente el gobierno pondría una garantía para que ese embargo no sea levantado”, expresó.
Eso significa que el gobierno pondría una garantía en un Juzgado, con la que se compromete a pagar cualquier resultado final de ese proceso. Aunque insistió que lo que Enitel le debe a la Alcaldía es “cero” córdobas.
DIVISION DE FONDOS DE LA VENTA DE ENITEL
– Según la Ley 210, debían ser destinados para la ejecución de varios proyectos:
– U$20 millones debían utilizarse para crear un Fondo de Crédito Rural.
– U$10 millones para invertir en infraestructura eléctrica, de agua y caminos de acceso.
– U$10 millones para la construcción de viviendas rurales.
– U$10 millones para crear un fondo de combate a la pobreza.
– U$10 millones para proyectos presentados por los diputados de la Asamblea Nacional.
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